El Poder Judicial, una de las entidades que debería destacar por su seguridad, enfrenta un escándalo de proporciones alarmantes tras revelarse el robo sistemático de componentes clave de más de 100 computadoras destinadas a la modernización del sistema judicial.
Estas máquinas, adquiridas con un presupuesto de 1.3 millones de soles durante la gestión del expresidente Javier Arévalo, estaban almacenadas en la sede central de la institución en el jirón Carabaya, frente a la Plaza San Martín, y fueron desmanteladas entre enero y noviembre de 2024.
Según relata Panorama, dominical de Panamericana Televisión, las nuevas computadoras, ni bien se compraron, fueron llevadas primero al almacén 401 del Poder Judicial para luego ser trasladadas al almacén 302 del mismo edificio. Allí, permanecieron por 11 meses antes de ser distribuídas. Se presume que, durante este periodo de tiempo, una organización criminal habría manipulado los componentes y extraído a placer las piezas en cuestión.
El caso salió a la luz cuando, al distribuirse los equipos a la Corte Superior de Lima Este, el personal notó que no funcionaban. Según investigaciones periodísticas, los procesadores, el componente más valioso y considerado el “cerebro” de las computadoras, habían sido extraídos manualmente.
En algunos casos, fueron reemplazados por piezas obsoletas para ocultar el delito, una maniobra conocida como “cambiazo”. Este sofisticado esquema delictivo representa pérdidas económicas cercanas al medio millón de soles.
El recinto donde ocurrió el robo cuenta con estrictos controles de seguridad, incluidas cámaras de vigilancia y personal encargado de custodiar los bienes almacenados. Sin embargo, según la jefa del Gabinete del Poder Judicial, Susana Silva, “los momentos en los que se produjeron estos robos no han sido registrados por las cámaras de seguridad, lo que sugiere una posible manipulación”.
El modus operandi pone en evidencia una presunta infiltración de una mafia dentro de la institución, integrada posiblemente por trabajadores coludidos con redes delictivas externas. “No me extrañaría que la seguridad esté involucrada. Este tipo de delincuencia suele comprar a los responsables de la vigilancia para que volteen la cara”, agregó Anderson.
Las computadoras eran parte de un ambicioso proyecto para modernizar los procesos judiciales y optimizar la administración de justicia. Sin embargo, el robo de los procesadores no solo genera un impacto económico considerable, sino que también compromete los esfuerzos por mejorar el acceso a un sistema judicial más eficiente.
Tras la denuncia pública, el Poder Judicial anunció el inicio de una investigación para identificar y sancionar a los responsables. “Se han interpuesto las denuncias correspondientes y continuaremos hasta llegar al fondo del asunto”, declararon voceros oficiales de la institución.
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