La Fiscalía de la Nación, a través de su Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó este lunes 6 de enero una denuncia constitucional contra Luciana Milagros León Romero, quien ocupó el cargo de congresista de la República por el Partido Aprista Peruano. La acusación señala a León como presunta autora del delito de tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario público, un acto que, según la Fiscalía, constituye un agravio directo al Estado.
De acuerdo al comunicado emitido por el Ministerio Público, León habría ofrecido interceder, a través de su asistente y de manera directa, ante funcionarios de diversas entidades públicas e integrantes del Partido Aprista Peruano. El objetivo de esta intervención habría sido obtener beneficios económicos a cambio, en lo que la Fiscalía describe como una “promesa de beneficio económico a su favor”. Los actos denunciados se habrían producido entre los años 2018 y 2019.
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La denuncia no solo implica a la excongresista, sino también a miembros del entorno político y administrativo de diversas entidades públicas. Entre los señalados se encuentran integrantes del Partido Aprista Peruano, destacando el posible uso de influencias políticas para obtener ventajas personales. Este caso refuerza los cuestionamientos sobre la transparencia en el ejercicio de la función pública durante dicho periodo.
El exprimer ministro Pedro Cateriano celebró la decisión del Ministerio Público contra Luciana León.
“La justicia tarda pero llega. Esta señora fue el instrumento que usaron fujimoristas y apristas, para perseguir políticamente a oficiales del Ejército, la FAP y funcionarios del Ministerio de Defensa, que cumplieron con sus deberes, indicó Cateriano vía sus redes sociales.
El delito de tráfico de influencias agravado cobra especial relevancia por la condición de funcionario público de Luciana León, quien estaba en una posición clave para gestionar recursos y decisiones en beneficio del país, pero que presuntamente habría desviado para intereses personales.
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La denuncia constitucional implica un procedimiento en el Congreso de la República, que será el encargado de evaluar y, eventualmente, emitir pronunciamiento.
PJ levantó impedimento de salida del país contra Luciana León
En julio del año pasado, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional decidió levantar el impedimento de salida del país que recaía sobre la excongresista Luciana León, investigada por su presunta vinculación con el caso “Los Intocables Ediles”. Como parte de esta medida, también se le devolvió su pasaporte diplomático. León enfrenta una investigación preparatoria por tráfico de influencias agravado y otros delitos en agravio del Estado, debido a su presunta pertenencia a esta organización criminal del distrito de La Victoria.
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El levantamiento de la restricción se dio al cumplirse los 36 meses de vigencia de la medida impuesta contra la exintegrante del Partido Aprista. Esta restricción fue dictada el 31 de enero de 2020 y ratificada el 12 de noviembre de 2021. Al no haberse solicitado una extensión de la misma, el juzgado dispuso que la medida quedara sin efecto, devolviéndole así el derecho de salir del país.
La Fiscalía imputa a Luciana León cinco hechos presuntamente delictivos relacionados con tráfico de influencias. Entre 2017 y 2018, habría gestionado financiamiento para obras públicas de La Victoria a través del MEF y el Ministerio de Vivienda, que luego fueron adjudicadas a empresas vinculadas a Alexander Peña Quispe, señalado como financista de una organización criminal. Asimismo, se le acusa de interceder para implementar una fábrica de ladrillos en Trujillo, beneficiando a Juan Peña Quispe, hermano de Alexander, mediante funcionarios de la Municipalidad Provincial.
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Además, León habría gestionado una reunión en 2017 entre Alexander Peña y representantes del Ejército, supuestamente para coordinar negocios ilícitos, utilizando como intermediaria a su asesora Betsy Cecil Matos Franco. También se le acusa de haber recibido pagos de Peña Quispe entre 2017 y 2018 como compensación por sus gestiones. Finalmente, se le atribuye contratar personal de confianza que no cumplió funciones en el Congreso, pero cuyos salarios habrían sido desviados a León en forma de 50 sobres.
En junio de 2023, el pleno del Congreso aprobó acusar constitucionalmente a Luciana León por los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación, reforzando las investigaciones en su contra.
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Entre los elementos presentados por el Ministerio Público figuran pericias, testimonios y una presunta confesión realizada durante el entierro de la víctima
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