Capeco: recuperar la trayectoria fiscal podría presionar la obra pública y contraer al sector Construcción en 2025

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) advirtió que la reducción de las brechas de déficit fiscal que podría imponer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el ejercicio 2025 supondrían una contracción en el sector, al significar la reducción de la obra pública.

Actualmente, el MEF ha estimado que el déficit fiscal en Perú -el gasto público por encima de lo que se tiene presupuestado, es decir, gastar lo que no se tiene- podría cerrar entre 3% y 3,3% en 2024, bastante por encima de la meta de 2,8% que se autoimpuso en julio del año pasado.

Además, el avance de la obra estatal, a noviembre del año pasado, se situaba en 14,5%, seis décimas menos que la reciente estimación del Banco Central de Reserva (BCR) para todo el 2024 (15,1%).

“La necesidad de reducir déficit fiscal y la implementación de nueva ley de contrataciones pueden afectar ejecución de obra pública”, precisó Capeco en una conferencia de prensa poco antes de cerrar el año.

Finalmente, Capeco habla de un “significativo aumento” de las adjudicaciones de obra de ProInversión a través de los mecanismos de OxI y de Asociación Públicao-Privada (APP), así como una recuperación de la vivienda no social en Perú, que tuvo un “impacto parcial” durante 2024.

“Hay consenso en que inversión pública no subiría a misma tasa que en 2024, aunque MEF es más optimista (6,9%) que BCR (4,5%) y privados (2,2%)”, detalló.

¿Qué dice el Consejo Fiscal sobre el déficit en el Perú?

El BCR ha advertido sobre el impacto que podría tener el incumplimiento de las metas de déficit fiscal en el Perú, señalando que este podría cerrar el año 2024 en un preocupante -3,7%.

Según informó el ente emisor, este nivel de déficit es “bastante alto y no es sostenible”, lo que podría desencadenar una serie de consecuencias económicas negativas, como una posible reducción en la calificación crediticia del país, un aumento en las tasas de interés y presiones para recurrir a la emisión inorgánica de dinero.

Este organismo ha señalado que el Congreso ha aprobado leyes que afectan directamente los ingresos fiscales, como la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a las remesas, la reducción del IGV para restaurantes y hoteles, y la disminución del Impuesto a la Renta (IR) en las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Estas medidas, según el Consejo Fiscal, generan un impacto significativo en las finanzas públicas.

Además, el Consejo ha expresado su preocupación por diversas iniciativas legislativas que buscan incrementar el gasto público, cuestionando incluso la constitucionalidad de algunas de ellas.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha adoptado una postura distinta frente a estas advertencias. Según el MEF, el incumplimiento de las metas de déficit fiscal no tendría la misma relevancia que señalan otros organismos.

Sin embargo, esta posición contrasta con las preocupaciones expresadas tanto por el BCR como por el Consejo Fiscal, que han enfatizado los riesgos asociados a un manejo fiscal menos riguroso.

El presupuesto 2025 prioriza vivienda y saneamiento, pero enfrenta desafíos

El Gobierno de Perú ha destinado un presupuesto récord de S/1.513 millones para subsidios de vivienda en 2025, de los cuales el 88,4% se canalizará hacia el programa Techo Propio, según informó un reciente reporte.

Este monto, que representa un incremento significativo respecto al año anterior, busca promover la construcción de aproximadamente 60.000 viviendas, un 20% más que en 2024.

De acuerdo con el informe, el presupuesto total asignado a programas de saneamiento asciende a 4.084 millones de soles, de los cuales el 48,7% está destinado a las áreas rurales.

A pesar de esta inversión, el modelo actual de gestión de infraestructura sanitaria ha mostrado limitaciones para mejorar tanto la cobertura como la calidad de los servicios.

Capeco ha señalado la necesidad de una reforma estructural en este sector, que incluya la fusión de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), ajustes en las tarifas y la implementación de subsidios directos para garantizar un acceso más equitativo.