El Poder Judicial embargó propiedades del exministro Willy Huerta Oliva por un valor superior a los 2 millones de soles, como parte del proceso penal vinculado al fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, perpetrado por el expresidente Pedro Castillo. Esta medida tiene como objetivo garantizar el pago de la reparación civil correspondiente.
Entre los bienes sujetos a embargo se encuentran seis propiedades ubicadas en Lima, que incluyen un inmueble, una finca, un departamento, un terreno, una tienda y un lote, así como dos en el Callao. La medida, adoptada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, incluye una orden de inhibición que impide al exministro disponer de dichos bienes. Esta decisión fue tomada tras la solicitud de la Procuraduría General del Estado, que argumentó el cumplimiento de los requisitos legales para aplicar estas medidas cautelares.
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El 26 de diciembre, el juez emitió una resolución en la que declaró fundada la solicitud de la Procuraduría, ordenando la inscripción de la medida cautelar en los registros públicos. Se notificó al Jefe de Registros Públicos (SUNARP) para que se proceda con la ejecución de lo dispuesto.
El Poder Judicial también dictó medidas similares sobre los bienes del vacado expresidente Pedro Castillo, la ex primera ministra Betssy Chávez y el exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para evitar que estos puedan ser ocultados ante una posible sentencia condenatoria.
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Junto a ellos, el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, también está siendo procesado por afectar el orden constitucional. La Fiscalía ha solicitado penas de prisión que varían entre 34 y 15 años. Actualmente, el Poder Judicial espera fijar la fecha para el inicio del juicio oral, luego de que el juez Checkley Soria emitiera el auto de enjuiciamiento.
Piden 25 años de prisión por su presunta implicación en el golpe de Estado
La Fiscalía solicitó una pena de 25 años de prisión para el exministro del Interior, Willy Huerta, además de su inhabilitación por dos años y medio para ocupar cargos públicos, acusándolo como presunto coautor del delito de rebelión en agravio del Estado.
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El 7 de diciembre se cumplió el segundo aniversario del fallido intento de golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo en 2022. Sin embargo, ni Castillo ni los cuatro exministros involucrados recibieron sentencia, y se espera que el juicio oral comience en 2024.
De acuerdo con el auto de enjuiciamiento del magistrado Checkley, Castillo intentó aprovechar su posición como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía para quebrantar el orden constitucional e instaurar un gobierno ilegítimo.
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En este contexto, la Fiscalía solicitó una condena de 34 años de prisión para Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. También se presentaron acusaciones y solicitudes de prisión para los exministros implicados.
Exministro Willy Huerta enfrenta acusación de rebelión por golpe de Estado
La Fiscalía acusa al exministro del Interior, Willy Huerta, de ser partícipe en el intento de golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo, junto a la primera ministra Betssy Chávez y el exministro Aníbal Torres, acordaron disolver el Congreso y establecer un Estado de excepción. Durante una reunión en Palacio de Gobierno, decidieron utilizar las Fuerzas Armadas para tomar control de los poderes del Estado y de organismos autónomos como el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ese mismo día, Castillo emitió un mensaje de la nación anunciando el cierre del Congreso y la intervención de las instituciones mencionadas.
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Huerta, según la Fiscalía, estaba al tanto de las decisiones tomadas en Palacio y, tras el anuncio, colaboró en la ejecución de las órdenes de toma del Congreso. Se le acusa de haber intervenido en una llamada a Raúl Enrique Alfaro Alvarado, jefe de la PNP, transmitiendo instrucciones directas de Castillo para el cierre del Congreso y la protección de los familiares de los involucrados en el golpe. Por estos hechos, la Fiscalía ha solicitado una pena de 25 años de prisión para Huerta, acusándolo de ser coautor del delito de rebelión.
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