A escasas horas de culminar el 2024, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha vulnerado la autonomía del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al imponerle un enfoque particular sobre la medición de la pobreza multidimensional del Perú a través de un único índice sintético, cuya pertinencia aun está en discusión en la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza.
Tal como habían advertido distintos especialistas del sector en septiembre pasado, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) publicó este martes 31 de diciembre el Decreto Supremo N° 014-2024-MIDIS, bajo el cintillo de “institucionalizar la medición oficial de la pobreza multidimensional en el país y su uso”.
Aunque no hay una medición oficial de la pobreza multidimensional por parte de INEI, COMEX Perú calcula que afectó a 11,3 millones de peruanos en 2023, es decir, el 33,2% de la población Ataca con mayor ferocidad en comparación con la pobreza monetaria, porque depende de la calidad y cobertura de los servicios públicos.
¿Qué hace exactamente el decreto? Ordena al INEI a calcular, dentro de los indicadores de pobreza multidimensional oficiales, un único índice que resuma todas las privaciones que atraviezan las personas imbuidas en la carencia de servicios básicos.
El decreto también establece fechas para que INEI cumpla con la publicación de las nuevas cifras de pobreza multidimensional: nuevos resultados en febrero de 2025 con información del año 2023; y, en mayo de 2025, con información que corresponde al año 2024.
En adelante los resultados de pobreza multidimensional son publicados en forma anual, luego de la revisión y validación de los resultados a cargo de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza y otros indicadores relacionados, de acuerdo al documento.
La pobreza multidimensional podría ser maquillada
Aquí hay dos problemas, el primero, de orden constitucional. Y es que el instituto estadístico peruano, por su propia ley de creación, tiene autonomía de gestión y técnica para desarrollar su labor.
Está el Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el cual menciona que el instituto es responsable de normar, planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas de sector, con autonomía para formular sus indicadores. No lo que le está diciendo el Gobierno.
Pero también está el aspecto técnico. Se impone al INEI el cálculo de un índice sintético, el cual todavía está en discusión en el seno de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza.
No se ha presentado un pronunciado firme sobre la pertinencia de un indicador sintético de de pobreza multidimensional y sobre esto hay varias reservas que especialistas como Javier Herrera (PUCP) y Javier Escobal (GRADE) se manifestaron en su momento.
Pero también significa dejar de lado la medición de la calidad de la educación, acceso a servicios públicos, violencia y seguridad ciudadana. Esos indicadores quedarían fuera del indicador de pobreza. Se prioriza el nivel de cobertura sobre la eficiencia del servicio en sí.
Y son justamente estos los indicadores los que están en discusión cuando se realizará la rendición de cuentas del Gobierno de Dina Boluarte y sobre el cual se han tenido los peores resultados.
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