La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) volverá a elegir a su rector y vicerrectores el próximo martes 10 de noviembre, después de que su Comité Electoral anulara la segunda vuelta por denuncias de presunta suplantación de votos. La controversia, que involucra 255 sufragios cuestionados, llegó al Ministerio Público y abrió interrogantes sobre la seguridad del sistema electrónico utilizado en el proceso.
La nueva jornada se desarrollará de manera presencial, entre las 9:00 a. m. y las 6:00 p. m., con asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La decisión busca ofrecer mayores garantías a docentes y estudiantes, quienes deberán escoger a las autoridades que conducirán la universidad durante el periodo 2026-2031.
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Sin embargo, mientras el Comité Electoral prepara la votación, sigue pendiente determinar cómo se registraron los sufragios denunciados y quiénes podrían estar detrás de las operaciones.
¿Qué ocurrió durante las elecciones de la UNI?
La controversia comenzó cuando varios docentes intentaron ingresar a la plataforma de votación electrónica y encontraron que el sistema ya registraba sus sufragios como emitidos.
Las denuncias fueron comunicadas a las autoridades electorales universitarias y llevaron a cuestionar las garantías ofrecidas por la plataforma contratada para la segunda vuelta.
De acuerdo con la información difundida sobre la denuncia presentada ante el Ministerio Público por Raquel Medina Rodríguez de Castañeda, presidenta del Comité Electoral Universitario, se identificaron 255 votos presuntamente irregulares.
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Los registros técnicos aportados por el proveedor del sistema consignarían operaciones realizadas entre las 10:13 a. m. y las 2:23 p. m. Además, entre los elementos cuestionados figuran conexiones atribuidas a una dirección IP vinculada con la universidad.
La investigación deberá establecer si estos registros corresponden a accesos no autorizados, cómo se produjeron y qué personas habrían intervenido.
Por el momento, no se ha determinado públicamente la identidad de los posibles responsables ni existe una conclusión fiscal que vincule a alguna de las listas participantes con las irregularidades denunciadas.
Defensoría del Pueblo intervino tras la anulación
La situación motivó un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que el 31 de octubre recomendó al Comité Electoral solicitar asistencia técnica de la ONPE para garantizar la transparencia del proceso.
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La institución señaló que la votación electrónica se había desarrollado mediante un software contratado a un proveedor privado, sin contar con el soporte técnico oficial del organismo electoral.
También advirtió sobre la necesidad de asegurar que docentes y estudiantes puedan ejercer su derecho al sufragio bajo condiciones de transparencia.
La intervención defensorial cobra especial importancia porque la elección definirá la conducción de una de las principales universidades públicas del país durante los próximos cinco años.
El organismo anunció, además, que mantendrá el seguimiento del proceso hasta la proclamación definitiva de las nuevas autoridades.
¿Quiénes disputarán el rectorado el 10 de noviembre?
La segunda vuelta enfrentará nuevamente a las dos candidaturas que superaron la primera etapa electoral.
Se trata de Jorge Gustavo Butler Blacker, de la lista 1, y Juan Martín Rodríguez Rodríguez, de la lista 8, quienes aspiran a dirigir la Universidad Nacional de Ingeniería durante el periodo 2026-2031.
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A diferencia de la jornada anulada, la nueva votación será presencial y contará con el acompañamiento técnico de la ONPE.
De acuerdo con el cronograma difundido para esta convocatoria, los estudiantes deberán votar en el Coliseo UNI, mientras que los docentes lo harán en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI).
La programación también contempla la atención de eventuales nulidades el 11 de noviembre y la proclamación de resultados el jueves 12, siempre que no se produzcan nuevos contratiempos.
La investigación por los 255 votos cuestionados
La convocatoria de una nueva elección permitirá definir a las autoridades universitarias, pero no resuelve las interrogantes sobre lo sucedido durante la votación electrónica.
La denuncia presentada ante la Fiscalía busca esclarecer el origen de las conexiones cuestionadas, identificar los dispositivos utilizados y establecer si existió una intervención deliberada para registrar votos sin autorización de sus titulares.
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El caso también pone sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos de autenticación, trazabilidad y supervisión de los sistemas empleados en elecciones universitarias.
Aunque la nueva modalidad presencial elimina el uso de la plataforma cuestionada para esta segunda vuelta, las diligencias fiscales deberán continuar de manera independiente.
Para la UNI, el desafío inmediato será garantizar una jornada electoral transparente. El otro asunto pendiente será conocer qué ocurrió con los 255 sufragios denunciados, una interrogante que seguirá abierta mientras no se determinen las responsabilidades correspondientes.
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