2024, avances y retrocesos para los derechos indígenas y ambientales en el Perú

Cerramos el 2024 con un contexto adverso para los derechos indígenas, la protección de los bosques y la Amazonía. Algunas de las principales amenazas a nuestros territorios ancestrales se han incrementado, lo que ha cobrado la vida de cuatro hermanos indígenas durante este año. Para agravar la situación, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo vienen impulsando modificatorias de leyes y nuevas medidas anti-derechos que solo responden a intereses particulares y no al bienestar de los pueblos.

La deforestación sigue siendo la principal amenaza para los bosques amazónicos y los pueblos indígenas que dependemos de ellos para nuestra subsistencia y con los que mantenemos una estrecha relación cultural y espiritual. De acuerdo a Geobosques, en el Perú se mantiene la deforestación anual por encima de las 130 mil hectáreas perdidas debido a la expansión agrícola, los monocultivos, los agronegocios, la ganadería extensiva, la tala y la minería ilegal. Esta situación se incrementa debido a la promulgación de leyes lesivas como la Ley N.º 31973, conocida como la Ley Antiforestal. Para contrarrestar esta grave arremetida, hemos realizado varias acciones de incidencia junto a organizaciones aliadas y colectivos.

Asimismo, en regiones como Amazonas, Madre de Dios, Loreto, Junín y Ucayali se vive un infierno minero que destruye y contamina nuestros ríos, bosques y desplaza a las comunidades, al afectar nuestros medios de subsistencia, salud y también la seguridad alimentaria. Ahora, esta problemática se incrementará con la reciente ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que solo beneficia a la minería ilegal.

Frente a esto, desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), hemos venido impulsando acciones de incidencia junto a nuestras bases y los Gobiernos Territoriales Autónomos (GTA), llegando a construir el Mandato de Acción Indígena. El pedido de las comunidades afectadas es que el Estado realice una mayor inversión en proyectos productivos para revertir el infierno minero y la urgente intervención para evaluar la verdadera afectación a la salud de la población.

En nuestros territorios, los pueblos indígenas obtenemos nuestro sustento directo de los bosques, ríos y cochas. Sin embargo, la contaminación provocada por las actividades extractivas afecta nuestra salud y otros derechos fundamentales. Tal es el caso de la contaminación por metales pesados en la sangre, a causa de la minería ilegal o los derrames de petróleo que ocurren en los territorios indígenas.

A todas estas amenazas latentes se suma, además, el impacto de la crisis climática que está provocando cambios en los patrones de lluvia, el incremento de la temperatura o la existencia de eventos climáticos extremos. Un ejemplo de esto fueron las graves sequías que se registraron y perjudicaron a las comunidades, afectando el acceso al agua, la pérdida de la biodiversidad y el transporte fluvial.

Entre septiembre y octubre, se produjeron numerosos incendios forestales de gran magnitud en regiones como Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali. Estos no solo destruyeron miles de hectáreas de bosques, sino que afectaron la seguridad alimentaria y el bienestar general de las comunidades. Esta lamentable catástrofe tan solo demostró la ineficiencia y falta de respuesta del Estado para controlar la situación.

Estas amenazas también ponen en riesgo la existencia de pueblos tan vulnerables como nuestros hermanos y hermanas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), cuyos territorios y medios de vida se ven afectados por actividades legales e ilegales. En los últimos meses, un grupo de Mashco Piros salieron de sus territorios debido a la presión de empresas madereras. Por otro lado, se ha registrado la presencia de pistas de aterrizaje clandestinas y cultivos ilícitos en la Reserva indígena Kakataibo Norte y Sur. La falta acción del Estado sobre esta problemática es grave frente al posible genocidio de los PIACI.

Además de los problemas ambientales, los pueblos indígenas amazónicos enfrentamos otras amenazas como la falta de reconocimiento de nuestros derechos territoriales, la discriminación estructural y la violencia sistemática, que ha provocado el asesinato de 36 defensores indígenas en los últimos años, de acuerdo al registro de nuestro Sistema de Alertas y Acciones Tempranas (SAAT).

Este año, hemos logrado llevar nuestras propuestas para enfrentar estos problemas a dos espacios internacionales de gran importancia para la incidencia y la toma de decisiones como fueron la 16° Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (COP 16), que se realizó en el mes de octubre en la ciudad de Cali, Colombia. Y la 29° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 29), que se realizó en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán.

Es así que en el marco de la COP 29, como parte del Grupo Perú de Pueblos Indígenas, presentamos REDD+ Jurisdiccional Indígena (RIA) en territorios de baja deforestación y alta cobertura forestal (HFLD, por sus siglas en inglés). Esta es una propuesta innovadora que busca adecuar el enfoque de REDD+ a los derechos, las prioridades y los enfoques de los pueblos indígenas amazónicos del Perú.

A pesar del contexto de vulneración de derechos, los pueblos indígenas estamos en resistencia desde nuestros territorios y tenemos un papel fundamental en la protección de la Amazonía, con nuestros conocimientos ancestrales, sistemas de autoprotección, control, monitoreo y vigilancia. A esto se suma que estamos accediendo a herramientas tecnológicas y el acceso a internet para hacerle frente a las amenazas.

No obstante, es urgente que se puedan plantear acciones concretas para abordar estos problemas, partiendo de garantizar la seguridad jurídica territorial. Además, es necesario que el Estado reconozca y fortalezca las acciones de control y vigilancia que realizamos. Y también la promoción de actividades sostenibles que contribuyan a que las comunidades cuenten con una economía indígena, de acuerdo a nuestra propia cosmovisión y libre determinación.

También es fundamental que la implementación de políticas y la promulgación de leyes que protejan el ambiente y nuestros derechos se dé con la participación y consulta previa, de acuerdo al marco normativo nacional e internacional vigente. De esta manera, se podrá garantizar nuestra existencia y la protección de nuestra casa grande.