Produce alista nueva reforma para despenalizar la pesca industrial de anchoveta en áreas protegidas como Paracas

Un proyecto de decreto supremo publicado por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) ha generado controversia al incluir modificaciones al Reglamento de la Ley General de la Pesca que podrían eliminar las sanciones por actividades de pesca industrial -particularmente, la pesca de anchoveta- dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Según informó el ministerio, la propuesta plantea redefinir conceptos clave en la normativa pesquera, lo que podría dejar sin efecto una prohibición vigente desde 2001 que penaliza estas actividades en zonas protegidas.

Estas modificaciones, según detalla el documento, estarían orientadas a ajustar las infracciones contempladas en el reglamento de la Ley General de Pesca, pero omiten incluir las restricciones impuestas por normativas de otros sectores, como las que prohíben la pesca industrial en ANP bajo el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

La propuesta ha generado preocupación debido a que, de ser aprobada, PRODUCE dejaría de sancionar a las flotas industriales que operen en estas áreas protegidas, a pesar de que la prohibición sigue vigente desde hace más de dos décadas.

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Según consigna el ministerio, esta normativa ha permitido hasta la fecha la imposición de multas por más de S/12 millones (aproximadamente US$3,2 millones) contra 11 empresas pesqueras, de las cuales 8 están afiliadas a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

Estas sanciones se han aplicado principalmente por actividades de pesca de anchoveta dentro de la Reserva Nacional de Paracas, una de las áreas protegidas más importantes del país.

Esto podría generar un vacío legal que impediría sancionar estas actividades, ya que PRODUCE es la única entidad con competencia para penalizar a las flotas industriales por infracciones pesqueras.

Y es que el documento sujeto a consulta fija modificaciones que buscan actualizar el reglamento de la Ley General de Pesca, pero no especifica cómo se garantizará la protección de las áreas naturales frente a actividades industriales.

Produce también anularía multas vigentes

La publicación del proyecto de decreto supremo se realizó el sábado 7 de diciembre de 2024, y desde entonces ha suscitado críticas por parte de sectores que consideran que la medida podría favorecer a las grandes empresas pesqueras en detrimento de la conservación ambiental.

De aprobarse, en consideración de Oceana, esta medida no solo eliminaría las sanciones para la pesca ilegal en estas zonas, sino que también podría anular las multas ya impuestas a empresas que han infringido la normativa vigente.

Tampoco sería la primera vez que el sector pesquero recibe algún incentivo de este tipo. En julio de 2024, la Comisión Permanente del Congreso aprobó de manera inesperada una exoneración del 80% de las multas impuestas al sector pesquero.

Esta decisión fue aprobada en un contexto en el que el tema central del debate era un proyecto para aumentar la inversión pública, lo que generó críticas por la falta de transparencia en el proceso. Ahora, apenas seis meses después, una situación similar parece repetirse.

¿La Reserva de Paracas en la mira?

La Reserva Nacional de Paracas, una de las zonas más afectadas por estas actividades, es un área de gran importancia ecológica y económica para el país. Esta reserva alberga una rica biodiversidad marina y es un punto clave para la pesca artesanal y el turismo sostenible.

Las actividades de pesca industrial en esta zona han sido objeto de sanciones reiteradas por parte de PRODUCE, pero la nueva propuesta podría eliminar estas penalizaciones, lo que ha generado preocupación entre ambientalistas y comunidades locales.

El proyecto de decreto supremo aún está en etapa de consulta pública, y se espera que en las próximas semanas se realicen debates sobre su impacto potencial en la conservación de las áreas protegidas y en la regulación de la actividad pesquera en el país.

Mientras tanto, organizaciones ambientales y sectores de la sociedad civil han dado su rechazo, argumentando que podría “abrir la puerta a la impunidad” y poner en riesgo los esfuerzos de conservación realizados en las últimas décadas.