La fiscal de la Nación Delia Espinoza dispuso archivar definitivamente la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado y el patrocinio ilegal, por el presunto uso irregular de helicópteros de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la disposición fiscal a la que tuvo acceso Infobae Perú, no se hallaron elementos de convicción sobre el presunto tráfico de influencias que involucra a Pedro Castillo Terrones. La investigación no acreditó que el exmandatario haya intervenido, de manera indirecta a través de Bruno Pacheco, ante Luis Enrique Vera Castillo para favorecer la contratación de Marco Antonio Urbina Chumpitaz como martillero público.
La Fiscalía informó que no existen pruebas suficientes que respalden la declaración de Karelim López, quien afirmó haber presenciado una discusión entre el expresidente Pedro Castillo y su entonces secretario general, Bruno Pacheco, en torno a una presunta intervención indebida.
En ese sentido, la Fiscalía concluyó que la investigación preliminar “no ha recabado mayores elementos de convicción” que acrediten que el exmandatario de Perú Libre haya invocado influencias reales o simuladas para favorecer a Marco Antonio Urbina en el proceso de contratación realizado por la Intendencia Regional de La Libertad.
Robles agregó que este proceso formaba parte de lo que describió como una estrategia política: “Se trataba de una investigación como parte de la fábrica de carpetas fiscales inaugurada con la asunción de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Todo esto fue parte del golpe de Estado multidimensional. La Fiscalía ha jugado un papel golpista contra la gestión de Pedro Castillo”.
Fiscalía descarta denuncia contra Pedro Castillo por uso de helicópteros
La Fiscalía de la Nación determinó que no hay mérito para formular una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por el presunto uso irregular de helicópteros de las Fuerzas Armadas. La investigación lo señalaba como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso, en agravio del Estado, por supuestos traslados ocurridos los días 19 y 20 de febrero, 8 de marzo, y 15 y 17 de abril de 2022.
El expediente será remitido al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales para continuar con las diligencias correspondientes.
Sobre esta decisión, el abogado del expresidente, Walter Ayala, señaló que la Fiscalía dispuso el archivo definitivo de la denuncia presentada por la congresista Patricia Chirinos, quien había acusado a Castillo de haber utilizado un helicóptero para viajar a la ciudad de San Luis de Puña en mayo de 2022. “La Fiscalía de la Nación, luego de varias diligencias, ha concluido que no es verdad, ese viaje no se realizó”, precisó Ayala.
Asimismo, el abogado cuestionó la información inicial que circuló en medios y redes sociales: “Con esto se demuestra que la información difundida en redes y en parte de la prensa era inexacta y exagerada. También se ha probado que no hubo irregularidades”, agregó.
Tribunal Constitucional rechaza recurso que buscaba liberar a Pedro Castillo
Hace dos días, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo, quien buscaba cuestionar los procesos legales que lo mantienen detenido desde diciembre de 2022. Con esta decisión, el exmandatario permanecerá recluido en el penal de Barbadillo, donde enfrenta un juicio por el presunto delito de rebelión, mientras la Fiscalía solicita 34 años de prisión en su contra.
Pedro Castillo pasó de ocupar la presidencia a ser recluido en menos de 24 horas, luego de su fallido intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. El pleno parlamentario aprobó su vacancia con 101 votos a favor tras su mensaje a la nación. Castillo fue detenido cuando se dirigía a la embajada de México en busca de asilo político.
La defensa del exjefe de Estado presentó un recurso ante el TC alegando irregularidades en su arresto y en el inicio del proceso penal. Según el magistrado Walter Gutiérrez Ticse, quien emitió un voto singular, Castillo debió haber sido trasladado al Congreso para que se procediera con el levantamiento de su inmunidad antes de iniciar acciones judiciales en su contra.
De esta forma, el TC desestimó los argumentos de la defensa, ratificando la legalidad de su detención y el avance del proceso penal en su contra.
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