La Fiscalía de la Nación emitió un mensaje al Congreso, exhortándolo a determinar plazos claros para el trámite de las 21 denuncias constitucionales pendientes contra altos funcionarios del país. El pronunciamiento surge en medio de las acusaciones contra la congresista Marleny Portero por un presunto caso de concusión.
Una denuncia constitucional es un recurso que la Fiscalía puede presentar ante el Congreso contra altos funcionarios públicos, como el presidente, ministros y parlamentarios. Este mecanismo se aplica cuando se considera que alguno de ellos ha cometido una infracción a la Constitución o un delito durante el ejercicio de sus funciones, incluso hasta cinco años después de haber cesado en el cargo. Una vez presentada, la querella es evaluada en comisiones del Congreso antes de ser sometida a votación en el Pleno. Si se aprueba, la Fiscalía queda habilitada para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.
Entre las denuncias constitucionales pendientes, destacan las formuladas contra ocho congresistas involucrados en el caso ‘Mochasueldos’ por presunta concusión. Además, figuran denuncias contra el exministro José Prado Palomino, investigado por negociación incompatible, y el exministro Carlos Morán, acusado de falsedad ideológica.
El expresidente Pedro Castillo enfrenta tres denuncias constitucionales: dos por nombramiento ilegal y una por peculado de uso. Por su parte, la congresista María Córdova ha sido denunciada por peculado doloso, mientras que la mandataria Dina Boluarte es acusada de homicidio calificado y otros delitos.
De manera adicional, la Fiscalía presentó una denuncia contra el congresista Raúl Doroteo como presunto autor del delito de concusión en agravio del Estado.
Este jueves el Ministerio Público informó que ha presentado una nueva denuncia constitucional, esta vez contra la congresista Hilda Portero, como presunta autora del delito de colusión en agravio del Estado por supuestamente haber obligado a sus trabajadores a entregar dinero.
Fiscalía presentó más de 25 denuncias constitucionales en 2024
A lo largo de 2024, el Ministerio Público informó sobre la presentación de al menos 26 denuncias constitucionales contra altos funcionarios públicos, entre ellos, principalmente congresistas, la mayoría acusados de concusión.
Entre los denunciados figuran la exparlamentaria Maritza García Jiménez y el exalcalde Salvador Heresi, ambos acusados de enriquecimiento ilícito por desbalances patrimoniales durante sus gestiones. Asimismo, el exministro Carlos Morán enfrenta cargos por negociación incompatible y falsedad ideológica.
Días después, se interpuso una denuncia contra el excongresista Héctor Becerril Rodríguez por enriquecimiento ilícito agravado, debido a un presunto desbalance patrimonial durante su periodo como legislador entre 2011 y 2019; sin embargo, esta fue archivada. Al día siguiente, el exministro Carlos Morán fue denunciado por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y, en marzo, por falsedad ideológica.
La presidenta Dina Boluarte acumula dos denuncias: una por cohecho pasivo impropio en el caso ‘Rolexgate’ y otra por las muertes durante las protestas de 2022 y 2023. Por su parte, el expresidente Pedro Castillo fue denunciado por nombramiento ilegal y negociación incompatible, mientras que Martín Vizcarra enfrenta cargos por falsedad genérica y omisión de información sobre sus vínculos con empresas privadas.
La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la congresista Patricia Chirinos fueron denunciadas constitucionalmente por el Ministerio Público. En el caso de Benavides, además, enfrenta cargos por falsedad genérica, encubrimiento personal agravado y otros delitos.
Denuncias constitucionales contra congresistas
En el Congreso, varios legisladores en ejercicio han sido denunciados constitucionalmente por el Ministerio Público, principalmente por presuntos delitos de concusión y peculado.
Por otro lado, la congresista Roselli Amuruz fue denunciada por presuntamente haber intervenido en la contratación de tres personas allegadas en dos dependencias del Parlamento Nacional. Asimismo, el congresista de Fuerza Popular, David Jiménez Heredia, fue acusado por el presunto delito de peculado doloso.
Los excongresistas César Segura Izquierdo y Mario Mantilla Medina también fueron denunciados constitucionalmente ante el Congreso por el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica, en agravio del Estado.
Finalmente, los congresistas Heidy Juárez, Rocío Torres, Magaly Ruiz, Jorge Flores Ancachi, Edgar Tello, José Arriola, Raúl Doroteo Carbajo y Hilda Portero enfrentan denuncias por presuntamente recortar sueldos a sus trabajadores, en el caso conocido como “Los Mochasueldos”.
A inicios de este mes, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, envió una misiva al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, solicitando dar trámite a 16 denuncias constitucionales que permanecen pendientes desde enero de este año.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, encabezada por María Acuña (APP), afirmó mediante sus redes sociales que las denuncias pendientes se están gestionando de manera imparcial y sin estar sujetas a mandatos externos, garantizando un trámite general y equitativo. “Damos a conocer que de las 16 denuncias, 11 ya han sido tramitadas, cinco están pendientes”, indicó el grupo de trabajo.
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