Al inicio del gobierno de Dina Boluarte, el coronel Harvey Colchado hablaba de “épocas más claras” y de trabajar con tranquilidad. Dos años después, su pase al retiro, oficializado por el Ministerio del Interior, marca un giro en esa relación y ha generado polémica por denuncias de represalias y posibles interferencias en investigaciones sensibles.
El optimismo inicial de Colchado
En diciembre de 2022, tras la salida de Pedro Castillo y la toma de poder de Dina Boluarte, el coronel Harvey Colchado, entonces jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), expresó una visión optimista sobre el nuevo panorama político. En declaraciones a Canal N, señaló:
Estas palabras reflejaban la expectativa de mayor estabilidad institucional en medio de una crisis política que sacudió al país. La Diviac, bajo el liderazgo de Colchado, había estado al frente de casos emblemáticos de corrupción y crimen organizado, lo que posicionó al coronel como una figura clave en la lucha contra estos delitos.
Sin embargo, la relación entre Harvey Colchado y el gobierno de Boluarte comenzó a tensarse en marzo de 2024, cuando el coronel participó en el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte. La intervención, solicitada por la Fiscalía de la Nación, se realizó en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en su declaración de bienes y patrimonio, específicamente relacionadas con la adquisición de relojes Rolex.
Durante la diligencia, las autoridades tuvieron que romper la puerta de la residencia debido a la negativa inicial para permitir el ingreso. El operativo, encabezado por Colchado como parte de su función en la Diviac, generó una fuerte controversia mediática y política. Voceros del Ejecutivo calificaron la intervención como “desproporcionada”, cuestionando su necesidad y ejecución. Este momento fue percibido como un punto de quiebre en la relación entre el gobierno y los equipos policiales encargados de las investigaciones fiscales.
La decisión del pase al retiro
El 16 de diciembre de 2024, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, oficializó el pase al retiro de Harvey Colchado, argumentando razones administrativas y la “renovación de cuadros” dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida será efectiva a partir del 1 de enero de 2025.
Según el ministro, Colchado había permanecido en el grado de coronel durante más de una década, superando el límite establecido de cuatro años sin ascenso. No obstante, la defensa de Colchado, encabezada por el abogado Miguel Pérez Arroyo, denunció que esta decisión no es casual.
El abogado advirtió que la medida responde a la participación de Colchado en investigaciones delicadas que involucraron directamente a autoridades del gobierno, como el allanamiento a la residencia de Boluarte. Asimismo, anunció que iniciarán acciones legales para revertir la decisión, aunque reconoció que los procesos judiciales podrían tardar.
Reacciones y cuestionamientos
La salida de Harvey Colchado ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial. Diversos sectores han cuestionado la medida, argumentando que podría representar un intento de interferir en las investigaciones anticorrupción y debilitar instituciones clave en la lucha contra el crimen organizado.
Por su parte, desde el Ejecutivo y el Ministerio del Interior se ha defendido la medida como parte de un proceso rutinario de reorganización y ascenso dentro de la PNP.
Aunque Colchado habló en su momento de “épocas más claras”, su retiro hoy refleja una realidad más compleja, marcada por tensiones políticas y cuestionamientos.
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