
El congresista Wilson Soto, de Acción Popular, aseguró que está a favor de aplicar la pena de muerte a agresores sexuales de menores de edad, luego de que la presidenta de la República, Dina Boluarte, abriera el debate respecto a esta posibilidad.
En diálogo con Exitosa, el parlamentario recordó que, en septiembre del 2022, presentó una iniciativa legislativa sobre esta medida.
“Un violador de menor de edad jamás se va a resocializar. He visto algunas estadísticas y hasta la fecha, de enero hasta octubre, más o menos, hay como 7.000 casos de violaciones a menores de edad”, manifestó.
Según Soto, los cinco miembros de la bancada de Honor y Democracia estarían a favor de la sanción. En ese sentido, José Cueto, Gladys Echaíz, Jorge Montoya, Javier Padilla, y Héctor Acuña; se unirían a los seis integrantes de Alianza para el Progreso (APP) que suscribieron un proyecto de ley para que el Perú denuncie la Convención Americana de Derechos Humanos: María Acuña, Alejandro Soto, Magaly Ruiz, Elva Julón, Idelso García y Nelcy Heidinger.
“Sin embargo, hay posiciones contrarias también. En el Parlamento somos 130 congresistas, representamos diferentes partidos políticos”, remarcó el acciopopulista, quien en octubre de este año, propuso la pena de muerte para quienes cometan sicariato y extorsión. Finalmente, Soto afirmó que espera participar de mesas de trabajo con el Poder Ejecutivo para tratar el tema en profundidad.

Pena de muerte no garantiza
De acuerdo con la ONG Amnistía Internacional, no existen pruebas contundentes de que la pena de muerte disuada de cometer delitos de forma más eficaz que aplicar prisión. Por el contrario, explican que en algunos países en los que se prohibió esta sanción, no ha aumentado las cifras relativas a la delincuencia. Incluso, en algunos casos los números disminuyeron.
“En Canadá, la tasa de asesinatos en 2008 fue inferior a la mitad de la de 1976, cuando se abolió la pena de muerte en el país”, mencionan.
Wilson Soto, en un momento de la entrevista, comentó que su posición a favor de la medida responde a un pedido que tiene la población para castigar a este tipo de criminales.
Al respecto, Amnistía Internacional sostiene que un apoyo firme de la ciudadanía a la pena de muerte suele estar acompañada de una falta de información confiable.
Por ejemplo, se puede creer erróneamente que así se puede reducir la delincuencia. De acuerdo con la ONG, tampoco se comprenden los factores que sustentan la forma cómo se aplica la pena capital, como el riesgo de ejecutar a una persona inocente, la ausencia de garantías procesales en los juicios y la naturaleza discriminatoria que existe.

“Creemos que los gobiernos deben ser claros en lo que concierne a esta información, y que deben promover el respeto por los derechos humanos a través de programas de educación pública. Solo entonces, podrá haber un debate significativo sobre la pena de muerte”, señalan.
Por ello, mencionan que la decisión de ejecutar a una persona no la puede tomar la opinión pública, y que es el Poder Ejecutivo el encargado de trazar el camino.
Congreso no pudo aprobar reforma
Por otro lado, Wilson Soto precisó que su bancada ha presentado una reconsideración, luego de que el Pleno del Parlamento no aprobara una ley que impedía la postulación de sentenciados por terrorismo, narcotráfico y otros delitos graves.
“Yo estoy de acuerdo con esa reforma constitucional. En esta última legislatura no se aprobó, pero, en nombre de la bancada de Acción Popular, he presentado una reconsideración. Tendremos que verlo en la próxima legislatura. Yo estoy de acuerdo porque tenemos que tener candidatos idóneos, candidatos que no tengan cuestionamientos”, manifestó a Exitosa.
Sin embargo, confesó que votó a favor de la iniciativa a pesar de que, desde su perspectiva, se había “desnaturalizado el proyecto de ley”.
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