El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) anunció la creación de una comisión sectorial encargada de elaborar un informe técnico para evaluar la viabilidad de aplicar la pena de muerte en casos de violación sexual de menores de edad. Esta medida responde a la reciente propuesta de la presidenta Dina Boluarte, quien planteó abrir el debate sobre la pena capital como una alternativa para combatir este grave problema social.
La comisión, de carácter temporal, fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 0319-2024-JUS. El documento señala que, aunque la Constitución vigente limita la aplicación de la pena de muerte a casos de traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo (artículo 140), es necesario revisar la normativa actual debido al alarmante aumento de los delitos de violación contra menores.
Asimismo, se destaca la importancia de un debate “público, plural, transparente y descentralizado”, que involucre a instituciones públicas y privadas, la academia y la sociedad civil. El objetivo es analizar la viabilidad de modificar el marco constitucional y legal para permitir la implementación de esta medida en los casos mencionados.
Ejes de trabajo de la Comisión Sectorial sobre la pena de muerte
Según el documento, la Comisión Sectorial tiene como principales funciones la organización de debates descentralizados en diversas regiones del país, con la participación activa de instituciones estatales y representantes de la sociedad civil. A su vez, deberá difundir las actas y conclusiones derivadas de dichos encuentros, elaborar un informe final que integre los resultados obtenidos y, adicionalmente, llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con sus objetivos.
Por otro lado, la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal será responsable de proporcionar el apoyo técnico y administrativo que facilite el desarrollo adecuado de estas actividades. Además, se establece que los integrantes de la comisión deberán acreditarse ante esta secretaría mediante comunicación escrita, dentro de un plazo de dos días hábiles contados a partir de la publicación de la resolución correspondiente.
La instalación de la comisión deberá concretarse en un máximo de tres días hábiles, a fin de asegurar el inicio oportuno de los debates públicos y la evaluación de las propuestas relacionadas con la implementación de esta medida extrema.
Este grupo de trabajo tendrá una vigencia de tres meses, contados a partir del día hábil siguiente a su instalación, aunque podrá extenderse por el tiempo que decida la comisión, según el progreso en el cumplimiento de su objetivo.
En cuanto a los gastos derivados de la implementación de la Resolución Ministerial, estos serán financiados con el presupuesto institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin que ello represente una carga adicional para el Tesoro Público
“Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en la sede digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano”, concluye el acto que lleva la firma del titular del Minjusdh, Eduardo Arana.
Cabe precisar que, antes de la conformación de la comisión encargada de evaluar la viabilidad de la pena de muerte para violadores de menores de edad, Arana Ysa había anunciado la realización de audiencias nacionales para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la propuesta.
Gobierno de Dina Boluarte insiste en el debate sobre la pena de muerte
Tras el feminicidio de una niña de 12 años en el distrito Villa María del Triunfo, la presidenta Dina Boluarte y el gabinete ministerial presidido por Gustavo Adrianzén han reiterado su disposición para abrir el debate sobre la pena de muerte, especialmente en casos de violencia sexual contra menores.
Sin embargo, la pena de muerte no es una opción en el Perú desde la promulgación de la Constitución de 1979, que solo la permite para el delito de traición a la patria en tiempos de guerra. Además, tras la ratificación del país en 1978 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se restringe aún más su aplicación.
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