Diez implicados en la banda criminal ‘Las Hienas Verdes’, incluidos tres policías del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Barranca, fueron liberados este jueves por disposición de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, pese a que enfrentaban detención preliminar de 15 días.
La sala revocó la resolución del Primer Juzgado de la Investigación Preparatoria de la provincia en cumplimiento de la Ley 32181, promulgada recientemente por la presidenta Dina Boluarte, que ha causado preocupación en el ámbito judicial al derogar la detención preliminar en casos de no flagrancia. La supresión aparece en la disposición transitoria de la ley, diseñada desde el Congreso para evitar que policías sean detenidos o ingresados a prisión preventiva al usar sus armas de reglamento.
La liberación de ‘Las Hienas Verdes’, decidida por mayoría, se informó durante la audiencia de apelación del auto de detención preliminar y allanamiento solicitado por la defensa. El Ministerio Público señaló que no se realizó un análisis de fondo sobre los fundamentos de la resolución impugnada, aun cuando los implicados tienen cargos de extorsión, homicidio calificado, encubrimiento, tenencia ilegal de armas y otros.
La Fiscalía anunció presentará un recurso de casación para que la Sala Suprema del Poder Judicial revise y rectifique dicha decisión. Además, exhortó al Congreso a restituir sin modificaciones el texto de la ley anterior que permitía la detención preliminar para combatir la criminalidad organizada.
El operativo
Los diez sospechosos habían sido detenidos en un operativo el pasado viernes, llevado a cabo en Chimbote, Casma, Barranca y Huancayo, bajo la dirección del fiscal José Silva. Durante la diligencia, se allanaron las oficinas de la Depincri de Barranca, así como las sedes de empresas de transporte y 35 inmuebles adicionales.
Anteriormente, el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, declaró que la derogación incluida en la Ley 32181 representa un revés para las autoridades que luchan contra la delincuencia, ya que limita la función fiscal. Señaló que la flagrancia usualmente ocurre en delitos menores, pero los más graves operan en la clandestinidad, donde la inteligencia policial es clave.
Cubas advirtió que esta limitación podría generar la libertad del feminicida confeso Gerson Alexander Juárez Tapia, quien tiene una orden de detención preliminar de siete días tras el crimen machista cometido en el asentamiento humano Los Lúcumos de Pachacámac, en Villa María del Triunfo. Por ello, propuso que la norma entre en estado de “vacatio legis”, durante el cual sus efectos estarían suspendidos “por seis meses o un año”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció que el Ejecutivo analizará modificaciones, mientras que el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, aseguró que la norma debe rectificarse, ya que “va a limitar la acción de justicia”.
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