“Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores”. Con esas palabras, la presidenta Dina Boluarte puso en agenda debatir aprobar la pena capital en el Perú para delitos de agresión sexual a menores. Durante una actividad en la Fuerza Área, la mandataria condenó el asesinato de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo y pidió a las autoridades judiciales medidas más drásticas para evitar que los delincuentes sentenciados por violación vuelvan a las calles.
Esta no es la primera vez que el Ejecutivo pone el caso de la pena de muerte en debate. Durante su interpelación en el Congreso, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, dijo que se podría evaluar el tema, ante el pedido del congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya.
Aunque el titular del Minjus afirmó ser defensor de los derechos humanos, mostró su indignación personal contra quienes cometen delitos de sicariato y agresión sexual a menores de edad.
¿Pero, cuánto tiempo le tomaría a Perú aplicar la pena de muerte? Aunque muchos políticos, cada vez que ocurre un caso que indigna a la sociedad, prometen medidas más drásticas o ‘mano dura contra los delincuentes, aplicar la pena capital tomaría más tiempo del que se dice.
Pacto de San José
El Perú forma parte del Pacto de San José de Costa Rica, reconocido internacionalmente como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este tratado, en su artículo 4, dedicado a la protección del derecho a la vida, prohíbe la aplicación de la pena de muerte.
El Perú firmó este tratado en 1977 y lo ratificó en 1978, por lo que está prohibido ampliar a otros delitos. En nuestro país, solo la traición a la patria en caso de guerra se sanciona con la pena máxima.
Es así que si el gobierno de Dina Boluarte pretende que se aplique esta medida punitiva para agresores sexuales de menores de edad, tendría que retirarse del Pacto de San José. Este proceso, a diferencia de lo que aseguran algunos, políticos entusiastas con el tema, tomaría entre tres a cuatro años, y al contrario de lo que se cree sería más perjudicial para la ciudadanía.
El abogado constitucionalista, Omar Cairo, en entrevista a RPP, explicó que para denunciar el Pacto de San José, se requiere dar un preaviso con un año de anticipación.
Tras este proceso, lo que sigue es que se apruebe una reforma constitucional para incluir violación sexual a menores a los delitos sancionados con pena de muerte. Esto se hace en dos legislaturas continuas, es decir que un año más. Tras el cambio en la Constitución, continúan las modificaciones al Código Penal. En suma, todo el trámite demoraría entre 3 a 4 años.
“Entonces estamos hablando tema bastante engorroso. Y esta medida, de repente por desconocimiento, la planteó un parlamentario como solución inmediata a los problemas urgentes y no tienen sentido”, agregó.
Implicancias
El especialista indicó que serían los ciudadanos quienes se verían más afectados si Perú se retira del Pacto de San José, puesto que implicaría quedar desprotegidos en instancias internacionales, ya que no estaríamos bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Si Perú decide desvincularse del Pacto de San José, los ciudadanos peruanos ya no podrían recurrir a la Corte IDH en casos donde el sistema judicial interno no garantice una protección adecuada. Esto supone un retroceso en la promoción y defensa de los derechos humanos, ya que el acceso a un mecanismo internacional sería anulado.
El impacto de esta decisión sería gravísimo, especialmente en un país donde históricamente han existido casos de vulneraciones a los derechos humanos por parte del Estado. Salir del Pacto implicaría debilitar los estándares de justicia y privar a las víctimas de un recurso fundamental para buscar reparación y justicia.
Hay que recordar que este gobierno tiene una investigación en el Ministerio Público por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la represión en las protestas.
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