La fiscal especializada en lavado de activos, Elizabeth Peralta, fue vista por última vez el último lunes antes de convertirse en prófuga de la justicia ante una orden judicial que le impuso 18 meses de prisión preventiva debido a su presunta implicancia en una trama de tráfico de influencias y sobornos, en la que también está involucrado el presentador de televisión, Andrés Hurtado.
El programa Amor y Fuego de la televisora Willax localizó a la magistrada en las inmediaciones de la oficina de su abogado, Benji Espinoza, antes de que comenzara la audiencia de dirimencia en la que el juez supremo Gustavo Álvarez evaluó si aplicar la medida cautelar o permitir que la magistrada continuara el proceso en libertad.
Las cámaras la siguieron hasta que entró al despacho en el jirón Contumazá, momento en el que se cubrió el rostro con su cartera. La audiencia de ese día se realizó para desempatar la división en la Corte Suprema, donde había una igualdad de votos sobre su prisión preventiva. Durante la sesión judicial, el juez supremo expresó inquietudes respecto a la defensa de Peralta.
“Ha citado la jurisprudencia y doctrina, pero luego no menciona que en realidad ella no ha mentido y señala una serie de situaciones que serán analizadas. La pregunta es con qué argumento suyo me quedo para efectos de decidir: si la conducta de su defendida es en línea de ajustar sus actos a los requerimientos de la autoridad competente, o ejerce su derecho a guardar silencio o faltar a la verdad en línea de defender su posición procesal”, señaló.
La fiscal está relacionada en esta presunta trama corrupta junto con el empresario Javier Miu Lei y el conductor televisivo. Se le acusa de ofrecer influencias para devolver oro incautado a Miu Lei, a cambio de un millón de dólares, y de haber recibido 80,000 dólares para influir en una investigación por lavado de activos contra Paltarumi, competidora del empresario.

Un tercer evento la implica con Hurtado en el pedido 100,000 dólares a la familia de Iván Siucho, actual confesor sincero del caso, para detener una investigación contra Quantico Servicios Integrados. Al conocer el caso, Siucho entregó 20,000 dólares, pero al no completar el monto, la investigación se inició. El Ministerio Público tiene un comprobante de depósito a la empresa de Hurtado como evidencia.
No obstante, la magistrada ha sostenido su colaboración y negó los cargos. “Creo que debe parar esto. Todo publican, cosa que no es, cosa que no me corresponde, todo es obstaculización a la justicia, y doctor, no, no es así. Pido que se haga una pericia, que se haga la pericia caligráfica para que vea que no es mi letra. Lo que encuentran todo lo publican en la TV porque lo brinda el Ministerio Público. En su momento lo voy a tener que ocultar, no es mi voz, no es mi letra”, señaló mientras sollozaba en una audiencia previa.
Más Noticias
Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales
El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Senamhi: ¿cómo estará el clima hoy en Lima durante este domingo 7 de diciembre?
De acuerdo al reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el pronóstico destaca la presencia de nubosidad y un descenso térmico leve en comparación con jornadas previas

Samahara Lobatón muestra el video de cómo le increpó a Bryan Torres una infidelidad: “¿Quién es ella?”
La influencer se presentó en ‘Esta Noche’ y mostró pruebas de la razón de su separación del padre de sus últimos hijos

Petroperú enfrenta recrudecimiento financiero y se aproxima a un nuevo rescate estatal antes de julio 2026
La petrolera peruana arrastra una pérdida acumulada que supera la mitad de su capital social, lo que la fuerza a tomar medidas legales y pone nuevamente sobre la mesa la magnitud de sus problemas financieros

Ola de violencia y cobro de cupos reduce el transporte público en Lima: Cinco mil buses dejan de circular en la capital peruana
La falta de conductores ante las amenazas, sumada al crecimiento del transporte informal, incrementa los riesgos para usuarios y debilita la movilidad legal en la ciudad


