Nada de especiales

Para promover actividades o industrias, algunos políticos, empresarios y académicos centran sus opiniones en los beneficios que se gestarían a partir de exenciones tributarias. A su entender, no pagar impuestos resultaría estratégico para atraer inversiones, así como para generar encadenamientos productivos y empleo de calidad.

En el Perú, el desarrollo de la actividad empresarial está lejos de solo ser atendida o fomentada mediante el no pago de impuestos. Existen fallas estructurales que, al no ser atendidas oportunamente, con el tiempo se han convertido en sobrecostos para la generación de todo tipo de negocios. Infraestructura, servicios públicos, educación, seguridad, rigidez laboral, son solo algunos aspectos que se traducen en limitaciones para el desempeño del tejido empresarial y la atracción e inversiones.

En nuestro país, las Zonas Económicas Especiales (ZEE) se dieron inicio en 1989, con la creación de la Zona de Tratamiento Especial Comercial de Tacna (ZOTAC) y las Zonas Francas Industriales de Ilo, Paita y Matarani. En 1996, pasaron a denominarse Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS) y hoy operan como Zona Especial de Desarrollo (ZED) y Zona Franca.

Estos, pese a contar con uno de los sistemas de incentivos más atractivos de la región, con exoneraciones totales de impuestos en los tres niveles de gobierno, no han funcionado. En 2023, las exportaciones desde las ZEE sumaron US$ 74 millones, lo que representó apenas un 0.11% de nuestras exportaciones totales al mundo. En países como Costa Rica, República Dominicana y Uruguay, sus envíos desde estas zonas representan el 59.9%, 56.9% y 32%, del total de sus envíos al mundo, respectivamente. ¿Por qué no han funcionado en nuestro país?

La respuesta a la pregunta anterior es evidente: falta de competitividad asociada a las ZEE. Según el estudio “Hoja de Ruta para la implementación de estrategias de atracción de Inversión Extranjera Directa a las Zonas Económicas Especiales del Perú”, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Corea (2023), se evidencia que la tarea más urgente es la expansión de infraestructura. Construcción de carreteras y vías férreas; y suministro de electricidad, agua y telecomunicaciones. A estos les podemos sumar un régimen laboral rígido, con altos costos de contratación y despido, así como los costos de seguridad que últimamente vienen en aumento.

No son suficientes una ventaja geográfica o incentivos tributarios. Hace falta condiciones óptimas para implementar, y sacarle el mayor provecho, a las ZEE. Actualmente, existe una discusión en torno a una iniciativa del Congreso de la República que busca implementar un nuevo marco normativo y promotor de las ZEE. Genera mucha expectativa sobre lo que podría gatillar la norma. Sin embargo, la discusión se centra en el tratamiento tributario y poco o nada se habla de las ineficiencias reales y estructurales que arrastramos como país.

Adicionalmente a lo anterior, el estudio también hace hincapié en identificar ventajas comparativas locales. Solo así se determinarían los sectores prioritarios que potenciarían la oferta exportable vía las ZEE. Para dinamizar las ZEE es necesaria la conformación de clústeres donde se puedan desarrollar industrias vinculadas con las cadenas regionales de valor, incluyendo a las micro y pequeñas empresas locales. Esa es una tarea que le compete a más de un actor dentro del sector público, y que no estaría en el radar de que quienes promueven el desarrollo de las ZEE.

Para colmo de males, la iniciativa del Congreso plantea que los operadores de las ZEE deban contar con al menos el 90% de sus insumos o componentes provenientes de micro y pequeñas empresas nacionales, a menos que dichos insumos no se produzcan en el país. Es decir, se restringe la libertad de un eventual operador de la ZEE de contratar con proveedores que le resulten más eficientes en materia de costos y calidad de insumos.

Por más buena intención que tenga consigo la iniciativa legislativa, las ZEE requieren mejoras en competitividad, reducción de costos laborales y desarrollo de clústeres regionales, y ese es trabajo de un Estado que no la ve.