A las 10 de la mañana de hoy, el Poder Judicial llevará a cabo una audiencia para evaluar la solicitud de la Fiscalía, que busca suspender la recaudación de peajes gestionados por Lima Expresa, concesión encargada de la Vía de Evitamiento y otras rutas. La diligencia se enmarca en una investigación por presuntos actos de corrupción que involucran a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
El fiscal José Domingo Pérez, del primer despacho del Equipo Especial Lava Jato, sustentará los argumentos para la suspensión del cobro ante el juez Jorge Luis Chávez Tamariz. De la audiencia también participarán el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, y su abogado, Wilber Medina.

El abogado también declaró anoche a Canal N: “Yo he sido bastante crítico de la actuación del fiscal Domingo Pérez, pero en esta oportunidad creo que está actuando correctamente... Le dijimos: ‘señor, como esto es producto de la corrupción, suspenda el cobro y que lo administre la Municipalidad de Lima en tanto se resuelva el proceso penal’. Acogiéndolo, después de 14 meses, ha hecho suyo nuestro pedido y se la ha planteado al juez”.
Los vehículos livianos que actualmente transitan por estas rutas pagan una tarifa de 6.60 soles por cada paso por las casetas, mientras que los vehículos de carga pesada asumen el mismo monto, pero calculado por eje.
¿Y qué dice Lima Expresa?
A través de un comunicado, del pasado 30 de octubre, Lima Expresa aseguró que el cobro del peaje continuará efectuándose en las casetas ubicadas en la Sección 1 (Vía de Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita y Ramiro Prialé) y la Sección 2 (peajes Estadio, Ejército y Huánuco).

“Lima Expresa opera bajo un contrato de concesión vigente y legítimo firmado con la Municipalidad Metropolitana de Lima, cumpliendo estrictamente con las leyes nacionales. En este contexto, la solicitud de la Fiscalía no afecta el cobro del peaje, ya que no representa una sentencia sino una medida preventiva”, afirmó la concesionaria.
La concesión vial añadió que responderá formalmente a las instancias correspondientes dentro de los canales legales. Asimismo, instó a las autoridades judiciales a tomar decisiones que respeten las garantías constitucionales, con el objetivo de mantener la seguridad jurídica y fomentar la inversión privada en el país.
Respaldo del alcalde de Lima
En recientes declaraciones sobre el tema, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, expresó su apoyo al fiscal Pérez y destacó su actuación en este caso.
A fines de octubre, López Aliaga pidió al juez Chávez Tamariz que le permita participar en la audiencia programada, argumentando que ya presentó fundamentos ante el Tribunal Constitucional (TC) relacionados con la inconstitucionalidad de ciertos cobros de peajes en la capital.
“Quiero asistir a esta diligencia porque tengo argumentos sólidos que ya expuse en el TC, donde existe una sentencia vinculante que establece que ‘no se puede cobrar peaje en Lima norte’”, declaró.
En los siguientes días se conoció que el magistrado aceptó el pedido del alcalde capitalino y admitió su participación en la audiencia de esta mañana.
La postura del MTC
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, evitó pronunciarse de manera directa sobre el tema y señaló que la discusión debe resolverse en el ámbito judicial.

“El pedido de la Fiscalía es parte de un proceso judicial. Es probable que el concesionario de Línea Amarilla plantee su postura. Nosotros no participamos en este contrato de concesión, pero cualquier decisión podría tener un impacto. No quiero emitir opinión sobre un caso judicial en trámite”, comentó Pérez-Reyes en una conferencia de prensa.
Asimismo, resaltó la importancia de respetar las reglas de inversión en el país y pidió cautela mientras se espera la decisión del Poder Judicial.
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