Llegó la hora. El Poder Judicial ordenó que el expresidente Pedro Castillo y sus ministros de Estado vayan a juicio por el fallido golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre del 2022. La sala presidida por el juez supremo Juan Carlos Checkely Soria emitió la resolución que dispone el auto de enjuiciamiento contra el exmandatario.
El magistrado ordenó enviar el expediente completo a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que tendrá la responsabilidad de programar en los próximos días la fecha y hora para el inicio del juicio oral contra Castillo Terrones y sus coacusados en este caso.
El Ministerio Público denunció al expresidente por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública, por los que enfrenta una pena privativa de libertad de 34 años.
Los otros imputados, que también irán a juicio con el expresidente, son los exministros de Castillo, Betssy Chávez, quien se desempeñaba como titular de la presidencia del Consejo de Ministros; Willy Huerta, quien era ministro del Interior; y Roberto Sánchez, congresista y ministro de Comercio Exterior y Turismo.
Para los tres exfuncionarios, la Fiscalía pide una pena de 25 años de cárcel y dos años y medio de inhabilitación.En el caso de Aníbal Torres, quien se desempeñó como jefe del Gabinete antes del nombramiento de Betssy Chávez, y era asesor de la PCM cuando Castillo Terrones dio el mensaje a la Nación anunciando su autogolpe, la Fiscalía pidió 15 años de prisión y dos años y medio de inhabilitación.
Hay que recordar que de todos los implicados, los únicos que están encarcelados son Pedro Castillo y Betssy Chávez. El exmandatario está recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, desde diciembre de 2022, mientras que Chávez Chino está en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres, en el distrito limeño de Chorrillos.
Por su parte, la Procuraduría General pidió una reparación civil de más de 65 millones de soles a favor del Estado que deberán pagar todos los imputados.
Inocencia
Durante su última aparición en una audiencia judicial realizada este lunes 18 de noviembre, Pedro Castillo reiteró su inocencia y pidió su liberación, alegando que su destitución fue un acto inconstitucional. El exmandatario peruano, quien enfrenta prisión preventiva en el penal de Barbadillo, sostiene que fue víctima de irregularidades que culminaron en su vacancia y posterior arresto.
Castillo argumenta que su detención el 7 de diciembre de 2022 fue arbitraria, a pesar de contar con inmunidad presidencial. Durante la audiencia de apelación relacionada con el caso del presunto ‘autogolpe de Estado’, Castillo rechazó la decisión judicial que lo lleva a juicio por los cargos de rebelión y conspiración.
El exjefe de Estado enfatizó que su arresto violó las garantías que le otorgaba su cargo, según la Constitución peruana. “El Perú sabe, el pueblo sabe que el 7 de diciembre, siendo presidente de la República, he sido detenido arbitrariamente”, declaró Castillo.
Castillo también criticó la vacancia presidencial que se llevó a cabo en su contra, calificándola como un acto que habría infringido la Constitución. Además, cuestionó la legitimidad del actual Parlamento, describiéndolo como una institución “de facto”. En sus declaraciones, el exmandatario subrayó que su destitución fue inconstitucional y que el Congreso actuó fuera de los límites legales.
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