“Juzgar a adolescentes como adultos solo dará una falsa sensación de seguridad”: Unicef alerta sobre nueva ley penal juvenil

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) manifestó el martes su preocupación por el proyecto de ley aprobado el pasado 7 de noviembre por el Congreso de Perú, que reduce la edad de responsabilidad penal a 16 años en casos de delitos graves como sicariato, extorsión y homicidio calificado. Aunque la propuesta legislativa todavía debe ser promulgada por el Ejecutivo, la medida ha generado un amplio debate sobre su impacto en los derechos de los adolescentes y la seguridad ciudadana.

Una falsa sensación de seguridad

Durante un encuentro con periodistas, el representante de Unicef en Perú, Javier Álvarez, advirtió que la reducción de la edad penal no resolverá el problema del crimen organizado en el país. “Juzgar a los adolescentes como si fueran adultos solo generará una falsa y fugaz sensación de seguridad a costa de negarles a chicos y chicas la oportunidad de reinserción social”, afirmó Álvarez.

El proyecto de ley, presentado como una medida para combatir el incremento de delitos graves, busca declarar imputables a adolescentes de 16 y 17 años que cometan infracciones penales graves. Sin embargo, Álvarez destacó que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Perú hace 35 años, establece que los Estados deben fijar una edad mínima de responsabilidad penal acorde con el desarrollo psicológico y social de los menores. “En cuanto a la potestad de los Estados de fijar la edad mínima, es oportuno aclarar que Perú ya la fijó en 14 años”, recordó.

En Perú, los adolescentes de 14 años en adelante ya son imputables por delitos, pero tienen derecho a un trato diferenciado bajo las normas de la justicia penal juvenil. Unicef subraya que este sistema busca garantizar tanto la responsabilidad penal como la posibilidad de reinserción social, evitando equiparar a los adolescentes con los adultos en términos de penas y procesos judiciales.

Crimen organizado y prevención

El Congreso peruano presentó la iniciativa como parte de un paquete de medidas destinadas a enfrentar el aumento de delitos graves en el país, especialmente la extorsión y el sicariato, que han tenido un gran impacto en la seguridad ciudadana. No obstante, Unicef insiste en que la prevención es el enfoque más efectivo para proteger a los menores y reducir los índices de criminalidad.

“En Unicef estamos convencidos de que las medidas de prevención son siempre el mejor camino. Aseguremos a todos los niños, niñas y adolescentes todos sus derechos y castiguemos contundentemente a quienes se aprovechan de sus vulnerabilidades”, enfatizó Álvarez.

En este contexto, la organización internacional llama a reforzar programas de protección social y estrategias que atiendan las causas estructurales que empujan a los menores hacia actividades delictivas. Según Unicef, endurecer las penas no aborda las raíces del problema y puede aumentar la exclusión social de los adolescentes.

Avances en derechos de la niñez

A pesar de las críticas al proyecto de ley, Unicef reconoció los avances de Perú en favor de los derechos de la niñez y la adolescencia en las últimas décadas. Entre 2013 y 2023, el gasto público destinado a este sector creció en un 130 %, reflejando un compromiso por mejorar las condiciones de vida de los menores.

Otro logro importante ha sido la reducción de la mortalidad infantil. Según Javier Álvarez, en el periodo 1991-1992, morían 78 niños por cada 1.000 nacidos vivos antes de los 5 años, mientras que en 2023 esta cifra disminuyó a 20 por cada 1.000. Asimismo, Perú es considerado un “ejemplo global” en la lucha contra la desnutrición crónica infantil, que pasó del 37 % en 1991 al 11,5 % en 2023.

En cuanto a la protección frente a la violencia, se destacó la prohibición del matrimonio infantil, el aumento de denuncias por violencia sexual y la reducción del castigo físico, que disminuyó del 41 % en el año 2000 al 19 % en 2023. “Hoy, víspera del aniversario de la Convención, quiero expresar mi confianza en que la estrategia ‘Prevenir para proteger’, liderada por el Ministerio de la Mujer, logre reducir la violencia sexual contra niñas y adolescentes”, concluyó Álvarez.