En una medida sin precedentes en Perú, el Congreso de la República aprobó una reforma que permitirá juzgar a los adolescentes de 16 y 17 años como adultos por delitos graves. Esta iniciativa responde al aumento de crímenes violentos que involucran a menores y busca establecer un marco penal que responsabilice a los adolescentes por actos considerados altamente peligrosos para la sociedad.
De acuerdo con ATV, entre los delitos que harán que los adolescentes enfrentan juicios como adultos destacan sicariato, secuestro, homicidio calificado, violación sexual, robo agravado, extorsión, narcotráfico y terrorismo. La lista también abarca parricidio, feminicidio, pornografía infantil, proxenetismo, posesión ilegal de armas y atentados contra el transporte público.
Cabe mencionar que la normativa busca responder a la participación de menores en actos de violencia extrema, especialmente en organizaciones criminales que frecuentemente los reclutan debido a su menor edad de responsabilidad legal.
Aprobación y motivos
Durante la tarde de ayer, jueves 7 de noviembre, el Congreso de la República aprobó esta ley en segunda votación, logrando 44 votos a favor, 24 en contra y 21 abstenciones. La propuesta, encabezada por el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, se desarrolló sobre cuatro proyectos de ley (618, 6080, 7771 y 8166). Con esta modificación al Código Penal y al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, el Legislativo planea adaptar la legislación al contexto nacional actual, donde la participación de adolescentes en delitos graves ha generado preocupación.
Cabe señalar que al ser aprobada, la ley ha sido presentada como una respuesta contundente frente al aumento de criminalidad entre menores, que afecta tanto la seguridad como la percepción de tranquilidad en la ciudadanía en medio del estado de emergencia declarado por el gobierno de Dina Boluarte.
La norma se justifica en la necesidad de reducir el índice de criminalidad entre los adolescentes mayores de 16 años, quienes hasta ahora enfrentaban medidas penales más flexibles. Legisladores y promotores de la ley argumentan que la modificación contribuirá a combatir la impunidad y a mitigar la sensación de inseguridad que vive el país.
Uno de los argumentos centrales de la ley es su posible efecto disuasivo entre adolescentes que podrían considerar integrarse a actividades criminales. Al elevar las consecuencias legales para quienes tienen entre 16 y 17 años, el Congreso apunta a reducir la participación juvenil en crímenes graves y a preservar la tranquilidad pública. La norma refuerza, además, el deber del Estado de proteger a la colectividad y sus derechos fundamentales mediante un marco legal que refuerce la seguridad.
Según los congresistas que apoyan la iniciativa, esta reforma respeta los principios constitucionales sin comprometer los derechos de los adolescentes, al tiempo que busca mantener el orden y reducir los riesgos para la población.
Controversias y efectos en la sociedad
Esta reforma ha generado posturas encontradas. Críticos de la iniciativa cuestionan si la medida realmente reducirá la reincidencia juvenil o si, por el contrario, podría complicar la reintegración social de estos jóvenes al exponerlos a penas más duras. También se han planteado inquietudes sobre la eficacia de la ley en el largo plazo, ya que algunos argumentan que medidas punitivas más fuertes no necesariamente previenen la criminalidad juvenil.
La congresista no agrupada, Flor Pablo, uno de los tres parlamentarios que presentaron una moción de reconsideración, criticó la aprobada norma al considerar que atenta contra los derechos de la niñez.
El congreso le acaba de decir a los adolescentes que los vamos a meter presos y yo, como madre de adolescentes, como maestra de secundaria, me duele terriblemente la votación que acabamos de tener. Ha ganado en realidad el voto en abstención”, expresó.
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