El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, entre otros.
Esta medida también alcanza a los involucrados: José Carlos Isla, Genaro Miñán, Sabrina Martín y Oscar Chiri, quienes habrían cometido al menos 20 hechos criminales.
Adicionalmente, el Fiscal superior Jorge Chávez Cotrina indicó que estos cinco investigados fueron liberados por la Fiscalía Provincial a cargo del caso: Karen Mandriotti, Fredi Salazar Rondinel, Norma Rosa Alva, Jean Marcel Robilliard, y el presidente de Sporting Crisal Joel Raffo Olcese. El Club publicó un comunicado donde saludó la medida y defiende la gestión de Innova, la empresa que compró a la institución en el 2019.
Apelación de detención preliminar
En horas de la mañana de este martes 19 de noviembre se llevó a cabo una audiencia de apelación de la detención preliminar que hay contra Lozano.
El todavía presidente de la FPF aseguró que él nunca participó de la elaboración de los estatutos que dispusieron la concentración y la venta conjuntas de los derechos televisivos.
“No es Agustín Lozano, como muchos han querido hacerlo ver. Sin embargo, hoy tengo que pagar estas cosas que me han pasado en los últimos días. Nadie va a reparar este daño moral que me ha causado, junto a toda mi familia”, aseveró.
También sostuvo que el Ministerio Público se equivocaba cuando lo responsabilizaba del desfalco de la Federación. “Señores magistrados los invito a investigar”, dijo.
“(...) Encontré a una federación con una deuda de aproximadamente 50 millones de soles con una pérdida patrimonial de aproximadamente 80 millones. Esa es la federación que yo encontré. Tuve que luchar para que la federación peruana durante el año 19, 20, y el 21, en que hoy se me cuestiona, porque se apoyó solidariamente aquellos que sufrieron del covid, y estuvieron al borde de la muerte”, añadió.
Caso Lozano se complica
Ayacucho FC ha logrado un fallo judicial favorable que podría permitirle regresar a la Liga 1 del fútbol peruano en 2025. El club, que descendió en 2022, presentó una demanda ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, argumentando que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no actualizó correctamente la tabla de posiciones de ese año, lo que habría permitido al equipo mantener su categoría.
El fallo judicial se produjo en medio de una crisis en la FPF, cuyo presidente, Agustín Lozano, se encuentra detenido preliminarmente por presuntos delitos cometidos durante su gestión. La situación ha generado un ambiente de incertidumbre en el fútbol peruano, con varios clubes de la Liga 2 exigiendo su inclusión en la máxima categoría para la próxima temporada.
Julio García, representante legal de Ayacucho FC, explicó en una entrevista con Radio Ovación que, aunque la FPF ha apelado la decisión, el juez ha ordenado la ejecución anticipada del fallo, lo que obliga a la federación a permitir la participación del club en la Liga 1 de manera inmediata. Este desarrollo ha intensificado las tensiones dentro del fútbol peruano, ya que otros clubes también buscan aprovechar la situación para asegurar su ascenso.
El caso de Ayacucho FC se centra en las sanciones impuestas a Sport Boys por incumplimiento de pagos, las cuales no fueron reflejadas en la tabla de posiciones de 2022. Según el club ayacuchano, estas sanciones habrían alterado el resultado final del campeonato, permitiéndoles evitar el descenso. La resolución judicial a su favor ha sido un paso crucial en su intento por regresar a la Liga 1.
La FPF enfrenta un panorama complicado con la detención de su presidente y las crecientes demandas de los clubes de la Liga 2.
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