Unicef advierte que ley del Congreso que reduce la edad penal a 16 años es contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que la ley aprobada por el Pleno del Congreso de la República, que permite encarcelar a menores de 16 y 17 años por cometer delitos graves, es contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

De acuerdo con el pronunciamiento de la entidad internacional, la norma establece que “las y los adolescentes no pueden ser juzgados ni sancionados como adultos”.

“Ellos/as están en una etapa de desarrollo y por ende deben ser juzgados y sancionados dentro del Sistema Penal Judicial Juvenil especializado que está orientado a garantizar su reinserción social“, menciona Unicef.

Finalmente, aseguran que confían en que el Perú seguirá cumpliendo con el compromiso asumido con la infancia cuando ratificó la CDN en 1990.

Según la normativa, el Poder Judicial podrá condenar a adolescentes de 16 y 17 años por haber cometido delitos graves, como sicariato, extorsión y secuestro.

A través de sus redes sociales, el autor de la propuesta, el congresista José Luna Galvez, de Podemos Perú, asegura que la ley permitirá sentenciar hasta con cadena perpetua. “A partir de ahora ningún criminal de 16 años se salvará de ir a la cárcel por ser menor de edad”, sostiene.

Infobae Perú dialogó con Jonathan Correa, abogado penalista del Estudio Ugaz Zegarra, quien aseguró que crear nuevas normas no garantiza una reducción en los delitos.

Además, explicó que los legisladores no han estudiado “todo lo que englobaría para el sistema jurídico y qué cambios abordaría más allá de la esfera penal”.

También recordó que actualmente todos los penales del país se encuentran en hacinamiento, por lo que cuestionó cómo se afrontaría esta nueva realidad en la que implicaría un incremento de la población carcelaria.

“Ese detalle nunca lo han analizado y nunca lo van a decir, porque en realidad no es un estudio serio de cómo aplicar la norma, sino que es simplemente demagogia, es un tema de aprobar una norma, por aprobarla, y no solucionar realmente los problemas”, dijo.

En la misma línea que Unicef, Correa precisa que existe una diferencia clara sobre el manejo de infractores mayores y menores de edad. En ese sentido, afirma que el sistema debe enfocarse en resocializar a los infractores mayores de 18 años, quienes tienen que ser “reeducados”. En el caso de los adolescentes, la misión es formarlos.

“Como hay una gran incapacidad por parte del Estado (para resolver estos problemas), lo único que pueden hacer es crear más normas, más leyes, y más penas, pero es como con el tema del terrorismo urbano, se crea un nuevo tipo penal, pero de qué me sirve si al final hay fiscales corruptos, hay jueces que no hacen su trabajo, que no investigan bien”, agregó.

El Congreso de la República del Perú aprobó en segunda votación la medida durante el Pleno del jueves 7 de noviembre. En total, recibió 44 votos a favor, 25 en contra y 21 abstenciones.

Sin embargo, el dictamen todavía no puede ser enviado al Poder Ejecutivo para su revisión, debido a que tres parlamentarios han presentado una moción de reconsideración que aún no ha sido debatida. Los legisladores Flor Pablo, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Víctor Flores, de Fuerza Popular, son quienes han solicitado esta revisión.

Durante el debate, la parlamentaria Flor Pablo expresó su desacuerdo con la votación, manifestando su preocupación como madre y educadora.

“El congreso le acaba de decir a los adolescentes que los vamos a meter presos y yo, como madre de adolescentes, como maestra de secundaria, me duele terriblemente la votación que acabamos de tener”, declaró.