La presidenta Dina Boluarte anunció que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) fiscalizará las empresas privadas para detectar a extranjeros en situación migratoria irregular.
Durante una conferencia de prensa que brindaron los integrantes del Consejo de Estado, luego de una reunión que tuvieron este martes 5 de noviembre, la mandataria informó sobre las medidas que implementará el Gobierno, en cuanto control migratorio.
Algunas de ellas, la jefa de Estado ya había adelantado previamente, como hacer seguimiento financiero a los ciudadanos foráneos y revisión de contrato de viviendas, lo cual fue duramente criticado por especialistas, quienes mencionaron que las medidas estaban enfocadas en una nacionalidad en específico, en este caso, los venezolanos.
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La presidenta informó que se planea incrementar las penas a extranjeros expulsados que ingresen nuevamente al territorio peruano, pero de forma irregular. Otro de sus anuncios fueron los siguientes:
- Formular una política de migración interna a efecto de regular el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
- Establecer un marco legal que regule la prestación del servicio de transporte por personas extranjeras, estableciendo requisitos y sanciones.
- Ampliar y fiscalizar los requisitos formales para ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional.
- Disponer que Sunafil efectúe visitas y operativos inopinados a centros laborales para determinar la existencia de personas extranjeras que trabajan de manera irregular.
- Reforzar el control migratorio en nuestras fronteras.
- Revisar la política de movilidad humana en migraciones, refugio y peruanos en el exterior.
Boluarte irá detrás de los hospedajes
Recientemente, se confirmó que los hospedajes y arrendatarios deberán registrar los datos de las personas extranjeras que contraten estos.
Para ello, la Superintendencia Nacional de Migraciones pondrá a disposición de estos establecimientos una plataforma digital gratuita para que hagan este registro en un plazo de 30 días hábiles.
Los locales que no cumplan con esta nueva obligación serán sancionados con multas de hasta dos unidades impositivas tributarias (UIT), lo que equivale a 10 mil 300 soles.
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El superintendente de Migraciones, Armando García Chunga, explicó que las empresas tendrá la posibilidad de “interoperar con la plataforma” para verificar si el documento se encuentra vigente o no.
Seguimiento a remesas es inconstitucional
La propuesta del gobierno de Perú de realizar un seguimiento financiero a las remesas enviadas por ciudadanos venezolanos ha generado controversia y ha sido calificada de inconstitucional por expertos legales.
La presidenta Dina Boluarte anunció que el Ejecutivo trabajará junto a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para supervisar las remesas enviadas por venezolanos residentes en el país. Esta medida busca conocer el origen de los ingresos de estos ciudadanos extranjeros.
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El abogado penalista Jorge Zuñiga expresó que esta iniciativa vulnera derechos fundamentales como el secreto bancario, la igualdad y la intimidad. En declaraciones al portal LP Pasión por el Derecho, Zuñiga argumentó que vigilar el movimiento financiero de un ciudadano afecta su derecho al libre desarrollo de la personalidad y la inviolabilidad bancaria. Además, señaló que los delincuentes extranjeros no suelen tener contratos de trabajo o alquiler, lo que hace que la medida sea discriminatoria.
Por su parte, el abogado tributarista Jorge Rodríguez también cuestionó la constitucionalidad de la propuesta, indicando que el enfoque en una nacionalidad específica podría ser considerado inconstitucional. Rodríguez destacó que la medida podría generar un trato desigual hacia los ciudadanos venezolanos en comparación con otros extranjeros en el país.
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La presidenta Boluarte defendió la medida afirmando que se exigirá a cada venezolano que presente su contrato de trabajo y de alquiler para verificar la legalidad de sus ingresos. Sin embargo, esta postura ha sido criticada por especialistas que consideran que podría fomentar la discriminación y el estigma hacia la comunidad venezolana en Perú.
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