Revelan que aportantes de campañas del entorno de Ciro Castillo obtuvieron contratos en Gobierno Regional del Callao

El Gobierno Regional del Callao, encabezado por Ciro Castillo Rojo, contrató a personas que aportaron a campañas electorales de su entorno político, según un reportaje difundido este domingo por el programa periodístico Cuarto Poder.

La investigación documentó contratos por cientos de miles de soles a integrantes de la familia de Armando Rondinel, quien financió la campaña de Antonio Castillo, hijo del gobernador y candidato a diputado por Alianza para el Progreso (APP).

De acuerdo con los registros citados en el reportaje, Rondinel realizó dos aportes en especies de 1.240 soles cada uno, el 7 y el 14 de febrero de este año, por un total de 2.480 soles. Además, recibió 14 órdenes de servicio del Gobierno Regional del Callao por un monto acumulado de 85.800 soles.

La investigación señaló que otros miembros de su familia también obtuvieron contratos con la institución. Su madre, Juana Rosa Silva, recibió 274.000 soles mediante 17 órdenes de servicio, mientras que su padre, Armando Rondinel, obtuvo 162.258 soles a través de 18 contratos.

A estas cifras se suman los contratos de sus hermanas: Rosa María Rondinel recibió 43.000 soles y Yesenia Rondinel, 169.500 soles, según los datos presentados por el programa.

Consultado por el equipo periodístico sobre sus vínculos contractuales con el Gobierno Regional y su contribución a la campaña del hijo del gobernador, Rondinel evitó responder. Su madre sostuvo que las preguntas debían dirigirse a otras personas. “No soy abogada”, señaló.

El reportaje también examinó la campaña de Elvira Madalengoitia, quien fue asistente de Castillo Rojo y postuló al Gobierno Regional del Callao por Avanza País. Según el programa, más del 70 % de sus aportantes eran trabajadores de la administración regional.

Entre los casos expuestos figura el de Anni Espesúa, quien contribuyó con 600 y 750 soles y trabajó para la institución, primero mediante órdenes de servicio y después bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

También aparece Carlos Alberto Tribeño, quien aportó 2.000 soles y obtuvo contratos por 44.300 soles, así como Mariela Carrillo, que contribuyó con 1.200 soles y recibió ocho órdenes de servicio por un total de 53.800 soles.

Al ser consultado sobre una posible relación entre las contribuciones electorales y las contrataciones públicas, Castillo Rojo negó que hubiera existido una trama de ese tipo. “Nunca he visto eso. Yo no sé, no conozco, desconozco y en primer lugar niego enfáticamente que haya habido ese tipo de tramoya. La niego contundentemente”, declaró.

El dominical también puso el foco en una convocatoria de la Dirección Regional de Salud del Callao (Diresa) para cubrir 87 plazas bajo el régimen CAS a plazo indeterminado, a pocos meses del fin de la gestión de Castillo Rojo, previsto para diciembre.

Las vacantes incluyen puestos para abogados, médicos, enfermeros, asistentes y administradores, entre otros perfiles, con remuneraciones que oscilan entre los 2.000 y casi 10.000 soles. La modalidad de contratación permitiría que los trabajadores permanezcan en sus puestos más allá del periodo de la actual administración, según las condiciones aplicables a cada plaza.

El Ministerio Público atribuye a Castillo Rojo presuntos delitos de organización criminal y colusión, al considerarlo supuesto líder de la red denominada ‘Los Socios del Callao’, que, según la hipótesis fiscal, habría direccionado 63 contratos del Gobierno Regional y del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed) por más de 1,4 millones de soles a favor de dos proveedores.