A poco más de dos meses para que finalice el año 2024, las perspectivas de seguridad ciudadana para el próximo año advierten sobre una crisis de seguridad ciudadana incluso más grave que la actual. Según el fiscal Jorge Chávez Cotrina, el 2025 “será inmanejable” para las autoridades.
El fiscal, que estuvo presente en el evento ‘Comprometidos por la seguridad ciudadana: enfrentando juntos los retos y desafíos’ organizado por la Cámara de Comercio de Lima y en el que participaron diversos gremios y representantes de la sociedad civil; afirmó que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo aprobaron iniciativas de ley que en realidad no tienen incidencia en la lucha contra la criminalidad que azota al país.
El fiscal Cotrina también indicó que una de las formas para combatir la inseguridad en el Perú es fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP). Además de dar un mayor presupuesto a las entidades antes mencionadas, el fiscal indicó que también se necesita dotar a estas instituciones de mayor tecnología y personal especializado. Esta labor corresponde al Poder Ejecutivo al presentar el proyecto de presupuesto público ante el Congreso.
Por otro lado, el presidente de la CCL, Roberto De la Torre, indicó que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte debe encausar la lucha contra la delincuencia. “Urge un trabajo articulado con todos los actores. Por ello, el país requiere una política de Estado en seguridad ciudadana que trascienda a gobiernos y que comprenda de estrategia integral”, indicó.
“El estado de emergencia no cumple con los objetivos”
Aunque el Poder Ejecutivo insiste en la declaratoria de emergencia en distritos y provincias a nivel nacional como una forma de combatir la inseguridad, las protestas ciudadanas en estas zonas -como es el caso de Virú- aumentan los cuestionamientos contra este tipo de medidas. Al respecto, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, tuvo una opinión similar y afirmó que no se están cumpliendo los objetivos al utilizar estas medidas.
Arévalo también sostuvo que por parte del Poder Judicial “no vamos a tolerar que jueces indebidamente e ilegalmente liberen a delincuentes; deben ser denunciados, procesados y sancionados”. Esto en la misma línea de declaraciones brindadas ante la prensa en abril de este año, cuando propuso sanciones para estos funcionarios.
Actualmente, 14 distritos de Lima Metropolitana y el Callao se encuentran en estado de emergencia por un plazo de 60 días, de los cuales ya transcurrieron más de la mitad. Pese a que el Gobierno afirma que la situación ha mejorado, los alcaldes de Independencia, Puente Piedra y Ancón -zonas declaradas en emergencia- insistieron en que no ven cambios en la actividad criminal.
En Puente Piedra, Rennán Espinoza, afirmó que el patrillaje conjunto que realizan el Serenzago, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Marina de Guerra solo es “por dos o tres horas en las noches y madrugadas”.
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