Nuevo paro nacional continúa en agenda: “Vamos a seguir hasta el final”, advierten desde el gremio de transportes

Advertencia. Pese a los esfuerzos del presidente del consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén para calmar las aguas y exhortar a la población a no organizar protestas ni manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte durante el desarrollo del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre en varias regiones del Perú. El gremio de transportistas anuncia nueva protesta si sus demandas no son escuchadas.

“Yo invoco de la manera más fraterna a los manifestantes para que durante esos tres días se abstengan de realizar marchas y protestas a efectos de que nuestros visitantes puedan sentirse a gustos y seguros en nuestro país”, añadió Adrianzén.

El gremio de transportistas afirmó que, de continuar percibiendo ineficacia por parte del Estado para luchar contra la creciente ola de inseguridad ciudadana, marcharán sí o sí para que sus exigencias sean atendidas.

“Hay culpabilidad compartida entre el Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial, si queremos ver otro rostro creo que tendrían que trabajar en conjunto, partiendo desde del INPE. No solamente el problema es afuera, las extorsiones vienen de adentro de los penales y ahí tiene que haber una restructuración (...) Nuestro pedido sigue en pie, los transportistas no es que hemos estamos retrocediendo. Estamos al frente de esta lucha y vamos a seguir hasta el final”, agregó.

Según explicó Valeriano, las bases de los diversos gremios que acataron el paro nacional del pasado 23 de octubre se reunirán en los próximos días para determinar cómo se desarrollará esta nueva medida de fuerza, la cual esperan que tenga una repercusión mundial.

Exigencias para suspender el paro nacional

En diálogo con Infobae Perú, Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani), puntualizó cuáles son los reclamos que el Ejecutivo y Legislativo deben de cumplir para que suspendan las manifestaciones durante la APEC.

• Que se derogue la Ley 32108 (Ley del crimen organizado).
• Archivamiento del proyecto de Ley del Terrorismo Urbano.
• Restitución de la Ley 30077 (vinculada al crimen organizado)
• Cambio total del gabinete ministerial presidido por el premier Gustavo Adrianzén.

En caso de cumplirse esas exigencias, Carrera también señaló que desistirían de exigir la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. “Creo que debemos ser coherentes, la población está pidiendo esto. Una vez que se cumplan esas condiciones, la recapacitación es responsabilidad del Congreso, que debe exigir una nueva conducción política en el Ejecutivo. Esto implica un cambio en el gabinete ministerial, ya que el actual, encabezado por el primer ministro y el ministro del Interior, ha perdido toda legitimidad”, expresó a este medio.

Paro 23 de octubre

Este 23 de octubre, comerciantes y vecinos de la zona se unieron para manifestarse contra la creciente inseguridad y las extorsiones que enfrentan diariamente. Armados con cucharones, ollas y sartenes, los manifestantes se congregaron en los exteriores del mercado para exigir respuestas de las autoridades, informó Infobae.

La protesta, que se extendió hasta el mediodía, busca visibilizar el problema de las extorsiones que ha obligado a muchos comerciantes a abandonar sus puestos de trabajo por miedo a las amenazas, según declaraciones de Gómez a Latina Noticias. La administradora destacó que más de 20 mercados de Puente Piedra, representando a unos 15 mil comerciantes, se unieron a la causa. “Hace poco, un comerciante mayorista de frutas recibió un disparo por el tema de extorsión”, detalló Gómez, subrayando la gravedad de la situación.

A pesar de la presencia policial en la zona, Gómez expresó su frustración por la falta de eficacia de las autoridades para garantizar la seguridad de los comerciantes. “Ahorita vienen los policías, pero ¿dónde están cuando los necesitamos?”, cuestionó, reflejando el sentir de muchos en la comunidad.

El paro nacional ha movilizado a diversos gremios empresariales en todo el país, quienes exigen medidas concretas para combatir la inseguridad ciudadana. La situación en Puente Piedra es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas regiones del país, donde la extorsión y la violencia se han convertido en parte de la vida cotidiana.