Martín Vizcarra enfrentará juicio este 28 de octubre: Fiscalía pide 15 años de cárcel por presuntos sobornos

El proceso judicial contra un exmandatario peruano, acusado de aceptar sobornos en la adjudicación de grandes obras, pondrá en la mira la corrupción institucional y podría extenderse varios meses por la cantidad de pruebas a analizar

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La audiencia en el Palacio
La audiencia en el Palacio de Justicia contará con testimonios y pruebas relacionadas con presuntos sobornos en la gestión de un exgobernador de Moquegua. (Composición Andina/Infobae)

Martín Vizcarra, el exmandatario peruano, se enfrenta a un crucial juicio oral programado para el próximo 28 de octubre, de acuerdo a información compartida por ATV Noticias. La Fiscalía, entidad que acusa a Vizcarra de presuntamente aceptar sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, solicita una condena de 15 años de prisión por el delito de cohecho.

Este caso se concentrará en las supuestas irregularidades relacionadas con los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. La Cámara 1 del edificio Carlos Zavala, adyacente al Palacio de Justicia, será el escenario de la audiencia a partir de las 9:00 am. La causa será dirigida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, bajo la presidencia de la jueza Fernanda Ayasta, junto a los magistrados Lorena Sandoval y Giovanni Félix.

Se destaca que esta acusación está respaldada por “la existencia de pagos ilícitos por parte de empresas vinculadas al ‘Club de la Construcción’”. Estas empresas, según el caso fiscal, habrían facilitado pagos a cambio de la adjudicación de proyectos. En palabras de un portavoz de la Fiscalía, se argumenta que “la evidencia apunta a la existencia de un esquema de corrupción”. El proceso se prevé largo y complicado debido a la cantidad de pruebas a examinar.

En su defensa, Vizcarra alegó que el juicio debería ser anulado. Con base en lo recogido por medios, el expresidente argumentó “una supuesta inobservancia del derecho fundamental al debido proceso”. Vizcarra insiste en que el procedimiento legal tuvo irregularidades profundas que deberían corregirse. Desde 2021, diferentes colaboradores eficaces han aportado detalles sobre los presuntos pagos ilegales en estos proyectos, punto destacado por varios reportes de medios.

La Fiscalía de Perú solicita
La Fiscalía de Perú solicita una condena de 15 años para el acusado por su presunta implicación en un esquema de corrupción vinculado al caso Lava Jato. (EFE/Ernesto Arias)

Este caso, que se describe como complejo, comenzó hace dos años y ha captado significativamente la atención pública en el Perú. Es una instancia clave para destacar no solo el impacto político, sino también las implicancias legales para personas involucradas en la administración pública. La acusación no solo pone en cuestión la integridad del exmandatario, sino que también refleja los retos del sistema judicial peruano frente a la corrupción. Vizcarra mantuvo su cargo, declarando reiteradamente su inocencia y denunciando el desacato de los procedimientos legales.

El impacto de este proceso podría resonar en el ámbito político del Perú durante los próximos meses, especialmente considerando que figuras como Vizcarra siguen siendo influyentes. El procedimiento se convirtió en un evento mediático que podría prolongarse debido a la complejidad del caso. Las implicancias no solo abarcan la jornada actual, sino también las percepciones del público sobre la corrupción institucional.

Este juicio, que podría durar varios meses, es crucial para el sector político del país, en donde las acusaciones de sobornos y corrupción han sido tema recurrente en la agenda pública.

Martín Vizcarra celebrará Navidad y Año Nuevo con su familia

El Poder Judicial permitió al expresidente Martín Vizcarra viajar a Moquegua, su tierra natal, para celebrar las festividades de fin de año junto a su familia. La solicitud del exmandatario, quien es investigado por presuntos sobornos en el marco del caso Lava Jato, fue aprobada para el periodo del 24 al 31 de diciembre de 2024.

Según la resolución judicial, Vizcarra se trasladará por vía aérea hasta Tacna y estará acompañado por su equipo de seguridad. Asimismo, las autoridades le exigieron que informe sobre su regreso y las actividades que realizará en su localidad una vez concluidas las celebraciones.

El incumplimiento de estas condiciones podría llevar a reinstaurar medidas de prisión preventiva. Esta autorización provocó una serie de reacciones entre la ciudadanía y los sectores políticos, quienes critican la posible percepción de impunidad que podría derivarse de este permiso.

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