Durante la jornada del paro nacional del miércoles 23 de octubre, Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani), anunció la posibilidad de una nueva movilización masiva si no se cumplen sus demandas. Esta paralización podría coincidir con la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre en Lima.
En conversación con Infobae Perú, Walter Carrera Álvarez explicó la necesidad de la protesta para la lucha contra la criminalidad y las legislaciones que los gremios consideran que benefician a los criminales. No obstante, detalló cuáles son las medidas que Congreso de la República y el Ejecutivo deben tomar para suspender la medida de fuerza.
Exigencias para suspender el paro nacional
El dirigente de transportistas expresó que si el Congreso “recapacita” y deroga la Ley 32108, que consideran un obstáculo en la lucha contra el crimen organizado, además de archivar la Ley de Terrorismo Urbano y restituir la Ley 30077, también vinculada al crimen organizado, y si el Ejecutivo lleva a cabo un cambio total en el Gabinete Ministerial, se suspenderían las manifestaciones nacionales durante la APEC.
En caso de cumplirse esas exigencias, Walter Carrera señala que desistirían de exigir la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. No obstante, también señaló que es necesario un cambio total de los ministros, porque consideran que han intentado minimizar las manifestaciones.
¿Por qué exigen la derogación de la Ley 32108?
La Ley 32108, que modifica la Ley de Crimen Organizado, establece criterios más estrictos para definir lo que constituye una organización criminal. Esta normativa, aprobada por el Congreso de la República, excluye actividades delictivas como la extorsión y el sicariato. Además, exige demostrar una “estructura compleja desarrollada” y una “mayor capacidad operativa”, limitando su aplicación a delitos con penas superiores a seis años.
En ese sentido, Walter Carrera confirmó a este medio que la consigna de su protesta se mantiene por lo que piden que los congresistas deroguen la polémica norma al considerarla que solo beneficia a los criminales y a los parlamentarios investigados.
Un artículo de Noam López Villanes, publicado en el portal del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), plantea preocupaciones sobre a quién beneficia realmente la reciente reforma. La legislación, publicada el 9 de agosto, podría estar excluyendo a organizaciones criminales que operan en delitos menores, los cuales, aunque menos notorios, también son perjudiciales para la sociedad. En ese sentido, los transportistas y la ciudadanía se ha visto vulnerada por la delincuencia y el incremento de los casos de extorción.
Vacancia presidencial
Sobre sus declaraciones entorno a una posible vacancia de la presidenta Dina Boluarte, el dirigente aclaró que ellos han traslado el sentir de la población.
En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo ha perdido toda legitimidad, por lo que exigimos al Congreso cambios concretos. Además, Carrera Álvarez indicó que el documento que presentarán en el Parlamento ya está listo y podría ser entregado mañana, 25 de octubre.
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