El Poder Judicial ordenó este miércoles 18 meses de impedimento de salida del país contra la suspendida fiscal especializada en lavado de activos Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, implicados en una trama de tráfico de influencias junto al presentador de televisión Andrés Hurtado.
El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, acogió el requerimiento fiscal y dispuso que la medida impuesta se extienda hasta el 20 de abril de 2026. A inicios de octubre, el mismo magistrado dictó 18 meses de prisión preventiva contra el presentador, quien se encuentra recluido en el penal de Lurigancho.
La resolución judicial establece que Peralta presenta riesgo de fuga debido a su suspensión temporal, lo que se evidencia en el hallazgo de una maleta y pasajes durante el allanamiento en su domicilio. Además, la magistrada vive sola, alquila propiedades y realiza numerosos viajes. Respecto al empresario, el documento destaca la inconsistencia en sus direcciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la falta de evidencia de dependencia familiar, a pesar de convivir con su pareja e hijas.
El fallo indica que los delitos imputados, tráfico de influencias y cohecho activo específico, tienen penas superiores a tres años de prisión, lo que cumple con un requisito para imponer la medida coercitiva. Además, el juez considera que la medida es proporcional, pues permite a los investigados continuar con sus actividades dentro de Perú y asegurar su presencia durante el proceso. Peralta y Miu Lei pueden solicitar permiso para salir del país por motivos fundados, sujetos a evaluación y posible autorización.
“No se trata de meras noticias sin sustento, por el contrario, existen datos que cotejan dicha información. Estando a ello, se debe otorgar la medida para el resguardo de la investigación penal, a fin de que la misma no se vea afectada y sea prolija para el esclarecimiento”, se lee en el documento.
Actualmente, Hurtado enfrenta 18 meses de prisión preventiva e investigaciones simultáneas por dos despachos del Ministerio Público. Una fiscalía investiga si estuvo involucrado en lavado de activos, mientras que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria se centra en sus presuntas operaciones junto a Peralta. Ambos procesos tienen un plazo de ocho meses, pero solo el segundo ha sido declarado “complejo”.
Según un informe de Perú21, el presentador evaluaría acogerse a la colaboración eficaz, decisión inicialmente descartada. “Si hablo, me van a matar”, le habría dicho el conductor a los investigadores al explicar que teme por su seguridad.
De acuerdo con el diario, que cita fuentes oficiales, en los últimos días el conductor se comprometió a detallar su relación con la suspendida jueza María Vidal La Rosa, presidenta de la Corte Superior de Lima. Sin embargo, ha intentado negociar su liberación antes de presentar pruebas, lo que es inaceptable para la Fiscalía. El Ministerio Público programará un interrogatorio en prisión para obtener su testimonio definitivo.
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