Congresistas de la República deslindaron responsabilidad sobre el incremento de casos de sicariato y extorsión que viene afectando a transportistas y otros ciudadanos. Durante una reunión entre gremios y la Junta de Portavoces, afirmaron que la solución a estas problemáticas la tienen el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
“El secuestro, el sicariato y también la extorsión tienen ley, pero no se está cumpliendo. El Legislativo no es responsable de hacer cumplir la ley que ya tienen penas. Eso tiene otros responsables. Tiene que ver con el sistema de justicia, con la Fiscalía, el Ejecutivo, la Policía. Nosotros tenemos que supervisar, esa es nuestra tarea”, dijo el expresidente del Legislativo, José Williams.
En esa misma línea, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, dijo que el Gobierno es el encargado de aplicar una correcta política de seguridad ciudadana y cuestionó a los representantes de transportistas sí habían ido a protestar al Ministerio del Interior y a la Presidencia del Consejo de Ministros.
“Ahí están los que tienen la sartén por el mango, y tienen la solución inmediata o cortoplacista a los problemas que vienen a reclamar”, mencionó.
Las leyes están dadas, pero hay quienes no las aplican como debe ser. Hay quienes han tomado el juramento para sancionar a los delincuentes, pero se ponen de lado de los delincuentes cuando los liberan , a pesar de haber sido capturados en flagrancia. ¿Dónde están esos malos funcionarios? En la Fiscalía, en el Poder Judicial. Si realmente queremos buscar una solución integral y no política (...), hablemos con las personas que tienen la solución en sus manos: el Poder ejecutivo, el gobierno, las autoridades del Ministerio Público, las autoridades del Poder Judicial”, añadió.
Por otra parte, Sigrid Bazán, del Bloque Democrático Popular, reconoció que si bien el Congreso no tiene la prerrogativa principal de velar por la seguridad ciudadana, puesto que esta es una función de Gobierno, los legisladores tenían que hacer responsables por aprobar los cambios a la Ley de crimen organizado.
“Nosotros votamos en contra de esa modificatoria porque sabíamos que traería impunidad. No solamente por el tema de los allanamientos, que con toda razón mencionan algunos colegas y aquí los dirigentes, prácticamente le quita el factor sorpresa, básicamente permite que el allanado sea notificado, tenga a su defensa, y simplemente se desaparezcan las pruebas”, manifestó.
“La ley de crimen organizado no se va a aplicar para delincuentes de saco y corbata. Eso es lo que hace. Reduce la aplicación de crimen organizado solamente para algunos sectores del crimen y no para otros, dejando de lado precisamente a extorsionadores, sicarios, a partidos políticos, por ejemplo, que estaban considerados”, agregó.
Incidente entre Jorge Montoya y dirigente
Durante esta misma reunión en el Parlamento, Jorge Montoya, congresista de la bancada Honor y Democracia, acusó a los representantes de los transportistas de mentir sobre sus demandas. Afirmó que sus exigencias, que incluyen la derogación de la ley 32108, no podrán ser cumplidas.
En el encuentro, Richard Bernachea Villanueva, presidente de la alianza gremial nacional de transportistas del Perú, expresó no solo las bandas criminales afecta el trabajo de sus agremiados, sino también el mismo Estado. En ese sentido, manifestó la disposición de los transportistas a dialogar con los congresistas, siempre que exista voluntad política para atender sus demandas.
En cuanto a la Ley 32108, afirmó que esta favorece a las bandas organizadas y a exfuncionarios públicos, como el caso de César Hinostroza, quien habría buscado beneficiarse de esta normativa.
A modo de respuesta, Montoya le dijo a los dirigentes que “hablen sobre la verdad” y que “no hablen sobre fantasías, ni narrativas equivocadas”.
“Has mentido. Esa ley no blinda a nadie. Están poniendo una condición que no pueden cumplir, ustedes están mal. La gente va a estar afuera esperando que ustedes lleven algo que no pueden conseguir”, aseveró.
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