Condenan a uno de los responsables de la desaparición y asesinato de casi 70 personas en Huanta, Ayacucho, en 1984. Así como la del periodista Jaime Ayala. La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada emitió sentencia histórica contra el exjefe militar Alberto Rivero Valdeavellano a 18 años de cárcel
Este fallo representa un hito en la lucha por la justicia y los derechos humanos en Perú, especialmente para las familias de las víctimas, quienes han esperado décadas para obtener verdad y reparación.
El caso incluye la desaparición forzada del Suboficial del Ejército Rigoberto Tenorio Roca y la exhumación de los cuerpos de 17 pobladores de Culluchaca, cuyos restos fueron identificados mediante pruebas de ADN, inhumados en el cementerio de Huanta y finalmente restituidos a sus familias.
Las víctimas, entre las que se encuentran José Mancilla Vargas, Agapito Cabezas Rojas, Alejandro Quispe Escola, Víctor Huamán Ñaupa, Silvestre Quispe Gonzales, y otros, simbolizan la persistencia de las familias en su búsqueda de justicia.
Este proceso judicial no hubiera sido posible sin la tenaz lucha de los familiares de las víctimas de Huanta y Culluchaca, quienes lograron la reapertura de los casos y desvelaron la complicidad de altos mandos militares. Entre ellos, destaca la responsabilidad de Alberto Rivera Valdeavellano, quien fue jefe político militar del área de seguridad nacional de Huanta en 1984.
Rivera Valdeavellano ha sido condenado a 18 años de prisión por homicidio calificado y desaparición forzada, además de imponerle una inhabilitación de 5 años y una reparación integral en favor de las víctimas, tras haberse acreditado su participación directa en estos crímenes.
En cuanto a Augusto Gabilondo García del Barco, ha sido declarado reo contumaz, reservándose su situación judicial y se dispuso que continúe su proceso de extradición. Además, la sala, en cumplimiento de su obligación de garantizar los derechos humanos conforme a la Constitución y a los tratados internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico peruano, ha decidido inaplicar la ley de impunidad solicitada por García del Barco.
Mediante el ejercicio del control difuso y convencional, la sala ha reafirmado que el Estado peruano está obligado a investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, estableciendo así que ninguna ley puede ser utilizada para evadir la responsabilidad en casos de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad.
APRODEH, quienes representan legalmente a Rigoberto Tenorio y las víctimas de Culluchaca - Huanta, reafirmaron su compromiso de seguir impulsando que la condena sea confirmada por la Corte Suprema, que se cumplan las reparaciones integrales y se logre la extradición de Augusto Gabilondo García, asegurando justicia plena para todos los afectados.
El caso Huanta
El caso Huanta involucra la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 70 personas en la región de Ayacucho. Entre las víctimas se encuentran seis evangélicos de Callqui, 50 cuerpos hallados en fosas comunes en Pucayacu, pobladores de Culluchaca y el periodista Jaime Ayala Sulca.
El conflicto armado interno en Perú, que llevó a la declaración del estado de emergencia en varias provincias de Ayacucho, resultó en numerosas violaciones a los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas, bajo el control de un comando político-militar, llevaron a cabo detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas entre julio y agosto de 1984.
El Primer Juzgado Penal Supraprovincial de Ayacucho, en diciembre de 2011, decidió abrir proceso penal contra los mencionados exmiembros del Ejército y la Marina, acusándolos de homicidio calificado y desaparición forzada. Este juicio ha sido un largo camino para los familiares de las víctimas, quienes esperan que la sentencia finalmente haga justicia.
En el contexto del conflicto, se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición de personas como Rigoberto Tenorio Roca, Juan Ramírez Hurtado, Juan Medina Garay, Yuri Agama Anaya, Santiago Loayza Cahuana, Teófilo Munarriz Velásquez, Cirilo Barboza Sánchez, Gerardo Gonzales Guzmán, Víctor Venancio Rivas Ventura Roca, Graciela López Medina, Jaime Ayala Sulca y Crista Rubila Fernández Hernando.
El 1 de agosto de 1984, miembros de la Marina ingresaron a la Iglesia Presbiteriana de Callqui en Huanta, secuestrando y asesinando a seis jóvenes. Entre el 9 y el 13 de agosto, aproximadamente 42 personas fueron detenidas y desaparecidas en la comunidad de Culluchaca y localidades aledañas. El 22 de agosto, se descubrieron cuatro fosas comunes en Pucayacu, con 50 restos humanos en avanzado estado de descomposición, con signos de tortura y sin elementos de identificación.
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