Crisis por extorsiones en el Perú: Adrianzén declaró emergencia en Lima, pero se olvidó de hablar sobre los crímenes en las regiones

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que todos los miembros del Poder Ejecutivo están comprometidos en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Esta declaración se produjo en el contexto de la reciente decisión de declarar en emergencia a doce distritos de Lima Metropolitana y Callao debido a la ola de extorsiones que ha afectado a la ciudad en las últimas semanas.

Ate Vitarte, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica y Ventanilla (Callao) son las jurisdicciones que permanecerán en estado de excepción por un período de 60 días. Esta medida fue tomada como respuesta a las demandas del gremio de transportistas, que paralizó sus operaciones en protesta por la inseguridad.

En una conferencia de prensa, Adrianzén rechazó las acusaciones de complicidad e inacción del gobierno frente a las bandas delincuenciales. Argumentó que tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa están llevando a cabo operaciones constantes para combatir la inseguridad. “Quien habla y todos los ministros que integran el Gabinete que yo dirijo nos encontramos absolutamente comprometidos en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”, afirmó.

Sin embargo, sus declaraciones resultarían insuficientes para la población a nivel nacional. A pesar que este jueves se declaró en emergencia 12 distritos de Lima, los ciudadanos del resto del país lamentaron que esta decisión no se extienda a regiones como La Libertad, Piura, Lambayeque, entre otros; departamentos que también han visto crecer el sicariato y la extorsión con el pasar de los días.

Secuestros a la orden del día

A pesar que provincias como Trujillo, Pataz y Virú se encuentran actualmente en emergencia, el titular de la PCM no se refirió sobre una posible ampliación o qué medidas se tomarán en las próximas semanas.

Como se recuerda, Gianfranco Horna Carrasco, un empresario de 29 años, fue asesinado la semana pasada en el distrito de La Esperanza, Trujillo, en medio de una serie de extorsiones y amenazas que había recibido por parte de delincuentes. Según informó Ventana Informativa, el crimen ocurrió cuando Horna Carrasco se encontraba en una barbería cercana a la plaza de Armas del distrito. Los sicarios, que llegaron en una motocicleta, le dispararon a quemarropa.

El empresario, propietario de una cebichería local, intentó huir, pero fue alcanzado por los impactos de bala. En el ataque, otras dos personas resultaron heridas. Los atacantes lograron escapar con rumbo desconocido, mientras que los testigos alertaron a la Policía Nacional del Perú (PNP), que ya ha iniciado las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer el móvil del crimen.

De la misma forma, secuestro del empresario minero Yessi García López, de 30 años, ha generado una gran conmoción en la ciudad de Trujillo y en toda la región de La Libertad. Según informaron medios locales, los secuestradores habrían exigido un rescate de 3 millones de dólares por su liberación. La División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo ha iniciado una exhaustiva investigación sobre la desaparición de García López, hijo de un empresario dedicado a la extracción de minerales en la región.

El jefe de la Divincri Trujillo, coronel Percy Huapaya, informó que la principal hipótesis es que la organización criminal conocida como “Los Pulpos”, liderada por Jhonsson Cruz, estaría detrás de este acto delictivo. La quema de la camioneta del empresario, hallada en unos cañaverales en la zona de Santo Domingo, en el distrito trujillano de Laredo, refuerza esta teoría, ya que podría ser un intento de borrar evidencia.

García López fue reportado como desaparecido el martes 10 de septiembre, después de que no regresara a casa. Aun no dan con su paradero.

De igual manera, el Consejo Departamental de Piura del Colegio de Ingenieros del Perú expresó a inicios de septiembre su profunda preocupación por la creciente inseguridad ciudadana que afecta a los profesionales de la ingeniería en la región.

En un comunicado, la institución denunció una serie de actos violentos y de extorsión que han resultado en la muerte de varios de sus miembros, particularmente en la provincia de Sullana y otras localidades del departamento de Piura.

La indignación del gremio se intensificó tras los recientes asesinatos de los ingenieros Kevin Joel Palacios Zapata y Fabián Eli Cabrera Nima, quienes fueron víctimas de delincuentes que exigían pagos ilegales en obras de construcción. Estos trágicos eventos ocurrieron en el distrito de Marcavelica, donde la violencia y las amenazas de bandas criminales han puesto en riesgo la vida de los trabajadores de la construcción.

El comunicado del Consejo Departamental subrayó que estos incidentes “desnudan totalmente el problema de inseguridad ciudadana en que actualmente vivimos, especialmente en el rubro de la construcción debido a los enfrentamientos entre bandas criminales que cobran cupos a los empresarios constructores y amenazan la vida de los trabajadores de las obras”.