Juan José Santiváñez denunció una presunta organización criminal integrada por la PNP y Eficcop para “desestabilizar al Gobierno”

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no se quedó con los brazos cruzados ante la entrega de grabaciones en su contra y el testimonio de un testigo protegido que lo sindica de haber dado órdenes para “destruir” pruebas en contra de Nicanor Boluarte. El pasado 27 de agosto, denunció la existencia de una presunta organización criminal integrada por la Policía Nacional (PNP) y el Ministerio Público (MP), con la finalidad de “desestabilizar el gobierno de Dina Boluarte”.

El abogado Carlos Caro, quien asumió la defensa técnica del ministro, confirmó al dominical Contracorriente la demanda interpuesta. Detalló que, bajo su hipótesis, habría tres brazos: el de los efectivos policiales, a quienes se les imputa la responsabilidad de la manipulación de documentos, grabaciones e imágenes; el del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) y el compuesto por abogados de quienes se convierten en testigos de cargo protegidos o agentes encubiertos.

Mencionaron que —hasta el momento— el único integrante identificado en esta supuesta organización que buscaría crear una falsa narrativa de que altos funcionarios, bajo órdenes de la Presidenta, estarían realizando actos de obstrucción de justicia, es el capitán “culebra”.

En diálogo con el dominical, Caro también mencionó que “incluso hay un aparato comunicacional por identificar, que se está alternando con la finalidad de crear una situación que impida al Ministerio del Interior llevar adelante las políticas de gestión que se están realizando”.

“Se habla por ejemplo que el ministro quiere hacer este cuadro por renovación que son parte de un plan estratégico de hace bastante tiempo, entonces todo el mundo dice que en ese plan van a salir del ministerio y van a dejar de ser policías el señor Izquierdo y el señor Colchado, ¿saben lo que va a pasar? ¿Tienen una bola mágica?”, cuestionó el abogado.

También denunciará a medios de comunicación

En línea con la supuesta trama de una organización criminal en la que “habría un aparato comunicacional”, el ministro del Interior mencionó que tomará acciones legales contra los medios que relacionen su imagen con los audios. “Fácil es decir: ‘Sospechamos que no pertenece’. Pero ponen la imagen de mi persona”, cuestionó.

“Hay inconsistencias”

En relación con el contenido de los audios, la defensa sostuvo que “hay inconsistencias” en la información difundida. “Nosotros vamos a exigir que los celulares sean entregados al fiscal de la Nación; de lo contrario, para nosotros no tiene ningún valor probatorio porque la defensa no ha participado en la extracción y no hemos tenido la oportunidad de verificar si el celular es original o no”, declaró.

¿Qué dicen los audios?

En uno de los audios vinculados al ministro del Interior, quien sería Juan José Santiváñez confirmaría que la mandataria lo designó con la condición de desaparecer a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Consultado sobre el tema, José Carlos Mejía, abogado de ‘Culebra’, indicó que los celulares de su defendido han seguido el debido procedimiento y custodia desde junio último, cuando fueron puestos a disposición de Fiscalía.

Como se recuerda, el pasado 30 de marzo, la DIVIAC y el Eficcop allanaron de manera sorpresiva la casa de la presidenta, como parte de una investigación preliminar por posible enriquecimiento ilícito. El operativo, que no fue de agrado de Dina Boluarte, fue liderado por el coronel Harvey Colchado, entonces jefe de la unidad policial.

Posteriormente, a partir de una torta de cumpleaños, Colchado fue suspendido temporalmente de su cargo y sometido a un procedimiento administrativo disciplinario por presunta infracción grave y muy grave. Además, el Ministerio del Interior anunció la desarticulación de la unidad de la PNP al alegar duplicidad de funciones con otras divisiones

Al respecto, el exministro Mariano González declaró que se trata de “una clarísima obstrucción a la justicia por parte del Ejecutivo”. “Se ha marcado el comienzo de un nuevo capítulo, uno que ni Pedro Castillo se atrevió a explorar. […] Desafortunadamente, estas acciones por parte de la señora Boluarte sugieren una posible vinculación con actos de corrupción y una búsqueda de impunidad”, señaló durante una entrevista con RPP Noticias.