Dina Boluarte solicita al TC anular denuncia por muertes en protestas: demanda fue admitida a trámite

El pedido de la presidenta Dina Boluarte para que se declaren nulos y sin efectos legales las acusaciones en su contra por la muerte de cinco personas y las lesiones graves de una sexta durante las manifestaciones sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023, fue finalmente recibido por el Tribunal Constitucional (TC), según informó RPP.

La demanda de amparo presentada por la defensa legal de la mandataria busca que el máximo intérprete de la Constitución declare la nulidad de los actos realizados por la Fiscalía en este caso, al considerar que han vulnerado varios derechos constitucionales de la presidenta, incluyendo el derecho a la debida motivación de las resoluciones fiscales, al debido proceso, y la desnaturalización de la prerrogativa de la inmunidad presidencial.

La demanda de amparo fue presentada ante el Tribunal Constitucional el pasado 28 de agosto, mediante un recurso de agravio constitucional, después de haber sido rechazada en primera instancia por el juez Jonathan Valencia López y en segunda instancia por la Segunda Sala Constitucional.

Ahora, es responsabilidad del máximo intérprete de la Constitución decidir si acepta a trámite este recurso de agravio constitucional. En caso de que lo admita, deberá convocar a una audiencia para analizar el fondo de la demanda de amparo con la participación de las partes involucradas, con el objetivo de emitir una decisión final.

Sobre la denuncia contra Dina Boluarte

Como se recuerda, el Ministerio Público— entonces a cargo de Patricia Benavides— denunció constitucionalmente a la jefa de Estado en noviembre de 2023 ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para que se lleve a cabo el proceso correspondiente. No obstante, el pasado 18 de julio, este grupo de trabajo decidió no aprobar el informe que sugería admitir la denuncia para su trámite.

La decisión de la mesa de trabajo se dio el mismo día en que Amnistía Internacional (AI) indicó que Boluarte podría enfrentar responsabilidad penal por no haber actuado lo suficiente para frenar el uso excesivo de la fuerza. Madeleine Penman, investigadora para América del Sur de AI Américas, enfatizó que Boluarte “sabía lo que estaba pasando”.

El informe de AI resalta que, a pesar de que la presidenta negó haber tenido contacto directo con los comandantes y restó importancia a su rol en la represión estatal, se reunió en varias ocasiones con los líderes de las Fuerzas Armadas y la Policía durante los tres meses de protestas. Esto le brindó numerosas oportunidades para condenar el uso indebido de la fuerza y ordenar un cambio de estrategia.

Ahora, corresponde a la Comisión Permanente del Congreso revisar la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si la Comisión también decide rechazar el informe, el caso será archivado.

Es importante recordar que, las protestas constitucionales y legístimas contra el gobierno comenzaron el 7 de diciembre, después de que Dina Boluarte asumiera la presidencia tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso, gobernar mediante decretos y convocar una Asamblea Constituyente.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta finales de marzo se han contabilizado 50 civiles muertos y al menos 821 personas heridas, presuntamente a causa de las acciones de las fuerzas de seguridad que intentaron controlar las manifestaciones. La CIDH ha señalado que el uso de la fuerza por parte de las autoridades podría haber excedido los límites permitidos y ha instado a una investigación exhaustiva sobre estos eventos.