
La oficialización del Decreto Supremo Nº 013-2024-SA, que transfiere al Ministerio de Salud (Minsa) la responsabilidad de implementar una nueva evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums), ha generado una fuerte controversia en el sector salud. El Minsa enfrenta un creciente rechazo por parte de algunas de las instituciones de educación médica que cuentan con mejor prestigios en el país, incluyendo la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que han declinado participar en el proceso al considerar que no reúne las condiciones esenciales de calidad necesarias.
El decano de Medicina de la UNMSM, Luis Podestá, confirmó que su institución se abstuvo de participar en la elaboración de la nueva prueba, citando la falta de transparencia y el desconocimiento sobre quiénes liderarán el proceso. Similar postura adoptó la UPCH, alineándose con el acuerdo unánime de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM), que agrupa a 35 facultades de medicina en el país. Ambas universidades expresaron su preocupación por la falta de garantías de calidad y cuestionaron la decisión del Minsa de llevar a cabo el examen sin la participación de instituciones académicas clave, como el Colegio Médico del Perú (CMP) y la Academia Nacional de Medicina.

La decisión del Minsa ha sido criticada por múltiples organizaciones, incluido el CMP, cuyo decano, Pedro Riega, advirtió sobre la falta de idoneidad en el proceso. “No hay seriedad, ni hay carácter técnico necesario, indispensable para garantizar un proceso idóneo, y que además estamos hablando de las plazas cuyos profesionales van a atender a la población más necesitada del país en las zonas de muy alto riesgo”, expresó a RPP Noticias.
En respuesta a estas críticas, el ministro de Salud, César Vásquez, defendió la medida, argumentando que el Minsa debe recuperar la rectoría en la evaluación de los profesionales de salud. Vásquez sugirió que las críticas del CMP y las facultades de medicina podrían tener un trasfondo económico, alegando que estas instituciones obtienen ingresos significativos de las evaluaciones anteriores, como el Examen Nacional de Medicina (ENAM), que fue eliminado por el nuevo decreto.
Cabe mencionar que Sofía Cáceres, delegada nacional de los médicos serumistas, insinuó que la nueva disposición podría estar diseñada para favorecer a los egresados de universidades vinculadas a figuras políticas, como la Universidad César Vallejo (UCV), propiedad de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), el mismo partido al que pertenece el ministro Vásquez. Cáceres advirtió que esta medida podría debilitar la meritocracia en la formación médica, poniendo en riesgo la calidad de la atención sanitaria en el país.

De acuerdo al estudio (2021) de Acta Médica Peruana titulado ‘Examen nacional de medicina(ENAM): Análisis de la última década de evaluaciones teóricas en los futuros médicos del Perú', el 70% de estudiantes de Medicina de la UCV desaprobaron el examen para el Serum que realizaba Asociación Peruana de Facultades de Medicina. La cifra se ha repetido durante varios años.
Mientras el Minsa avanza con la implementación de la nueva prueba, las críticas continúan acumulándose, dejando al ministro César Vásquez cada vez más aislado en su defensa del proceso. Las inscripciones para el examen ya han comenzado, pero la falta de participación de las principales facultades de medicina del país y la oposición del CMP plantean serias dudas sobre la legitimidad y la eficacia de esta nueva evaluación para el Serums.
Minsa lanzó comunicado
El Minsa emitió un comunicado en el que afirma que realizará la evaluación para el Serums dirigida a los profesionales titulados y colegiados en las carreras de Medicina Humana, Enfermería, Obstetricia, Farmacia y Bioquímica, Odontología y Nutrición.
La entidad precisó que el examen consistirá en preguntas relacionadas a las actividades que estos profesionales deben realizar en el primer nivel de atención, como en puestos y centros de salud.
“La elaboración del examen está a cargo de un grupo de gestores expertos en salud pública y diferentes especialistas, todos ellos con experiencia en docencia universitaria”, aseguraron.
También hicieron hincapié en que más de 3,000 personas ya se han inscrito para rendir esta prueba. Estos profesionales pertenecen a las carreras de medicina, enfermería, nutrición, entre otras.
“La invitación a las Facultades en el presente proceso de evaluación es una muestra de la transparencia que caracteriza a esta gestión y su aceptación no constituye un requisito para continuar con el proceso”, indicaron.
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