Tres historiadores han presentado una demanda de amparo ante el Poder Judicial, buscando detener el traslado de los documentos históricos que actualmente custodia el Archivo General de la Nación (AGN), del Palacio de Justicia a un depósito industrial en el Callao que incumple con las condiciones necesarias para la preservación de una vasta colección de archivos republicanos, que son parte del patrimonio cultural.
“Esta demanda encuentra su sentido de urgencia, no en la inmediatez, sino en la necesidad de asegurar la protección de documentos que construyen no solo nuestra historial nacional, sino nuestra propia identidad: de dónde venimos y a dónde vamos”, señala un comunicado que da a conocer la decisión impulsada por Magally Alegre, Joseph Dager y Margarita Guerra el pasado lunes 12 de agosto con el respaldo del Grupo de Historia del Derecho de la Universidad Científica.
La acción judicial está dirigida contra el AGN, el Ministerio de Cultura (Mincul) y el Consorcio Transel, propietario del almacén al que se pretende mover dicha documentación. Los demandantes basan su argumentación en la incompatibilidad del traslado con el artículo 21 de la Constitución, que obliga al Estado a proteger el patrimonio documental de la Nación. Además de la premura de impedir el traslado, la demanda de amparo señala la violación de varios derechos fundamentales: identidad cultural, conservación del patrimonio cultural y acceso a la cultura.
El contrato firmado entre el AGN y el Consorcio Transel es un monto superior a los 12 millones de soles. Según el acuerdo, los documentos históricos, que abarcan registros notariales de herencias, propiedades, derechos comunales y expedientes judiciales, entre otros aspectos, serían reubicados por un periodo de tres a cinco años.
La demanda, presentada con carácter de urgencia por los historiadores, sustenta que este traslado representa una “amenaza cierta e inminente” al patrimonio histórico del país, con riesgo de deterioro permanente y pérdida irreparable.
Junto a la demanda de amparo, se ha presentado una medida cautelar para que se detenga de inmediato el traslado de la documentación al depósito industrial contratado, al representar un grave peligro para el patrimonio documental histórico de la nación.
Margarita Guerra, presidenta de la Academia Nacional de Historia, destacó que el traslado del AGN a ese lugar constituye una seria amenaza para la memoria histórica del país.
La demanda señala tres derechos vulnerados
- Identidad cultural: Se pone en peligro la integridad del acervo documental, fundamental para la identidad de la nación (Artículo 2.19 de la Constitución).
- Conservación del Patrimonio Cultural: Reconocido y garantizado por el artículo 21 de la Constitución.
- Acceso a la Cultura: Al no garantizarse una pronta reapertura al público, se afecta el derecho de consulta cotidiana a los archivos para derechos sucesorios, de propiedad, expedientes judiciales y notariales, derechos de nacionalización, etc. (Artículo 2, numerales 8 y 17, y artículo 21 de la Constitución).
Ministerio de Cultura y Contraloría evidencian riesgos en el traslado del AGN
El Ministerio de Cultura ya ha emitido un Informe de Inspección del 21 de mayo de 2024, que corrobora que el local alquilado no reúne las condiciones adecuadas para almacenar documentación histórica. A esta preocupación se suma un Informe de Control de la Contraloría General de la República, que apunta a nuevos riesgos físicos y legales asociados al traslado, además de irregularidades en la firma del contrato, dado que el inmueble no se encuentra legalmente saneado y está hipotecado por más de 8 millones de dólares.
El almacén donde irían los archivos se encuentra además en una zona cercana a una fábrica de lejía y otras instalaciones que producen materiales inflamables, poniendo en riesgo la integridad de los archivos debido a la exposición inevitable a la humedad y al polvo.
Los informes de la Contraloría señalan la existencia de cuatro observaciones relevantes que podrían comprometer la seguridad y conservación del patrimonio documental de la nación. En conclusión, el depósito no posee las adecuaciones necesarias para preservar documentos tan delicados, y su ubicación es inadecuada por los riesgos asociados a las fábricas adyacentes.
Figuran como firmantes destacados de la demanda la Dra. Margarita Guerra Martiniere, presidenta de la Academia Nacional de la Historia; el Dr. Joseph Dager Alva, ex jefe del AGN; y la Dra. Magally Alegre Henderson, jefa del Archivo Histórico Riva-Agüero, asesorados por los abogados Mag. Hans Enrique Cuadros Sánchez y Mag. Miguel Ángel Dapello Sarango. También han contribuido Dra. Cecilia Méndez y Dra. Natalia Sobrevilla, así como el Grupo de Estudios e Investigación en Historia del Derecho de la Universidad Científica del Sur.
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