La empresaria Sada Goray abandonó este sábado el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos después de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocara el mandato de prisión preventiva de 30 meses que se le había impuesto. La empresaria se retiró del recinto carcelario aproximadamente a las 9 de la mañana, tras concluirse los trámites administrativos el viernes anterior, informó RPP Noticias.
El martes 30 de julio, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó la libertad de Sada Goray al aceptar el recurso de casación presentado por su equipo de defensa legal. La medida buscaba revocar la decisión de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional que, el 20 de octubre de 2023, había confirmado la prisión preventiva de 30 meses dictada por el juez Raúl Justiniano el 2 de agosto de 2023 en relación con el caso Fondo Mi Vivienda durante el mandato del expresidente Pedro Castillo.
La defensa de Goray basó su recurso en varias causales, incluyendo la inobservancia del precepto constitucional, quebrantamiento del precepto procesal y la vulneración de la garantía de la motivación. El tribunal, presidido por el juez supremo César San Martín, consideró que la empresaria tiene un domicilio fijo en Perú donde ha residido anteriormente y que retornó al país para seguir viviendo.
Según se destacó en RPP Noticias, inicialmente Goray se sometió al procedimiento de colaboración eficaz y viajó a los Estados Unidos, donde también tiene domicilio, pero no se desarraigó de Perú. Durante la investigación, cumplió con todas las solicitudes de la Fiscalía, incluyendo sus declaraciones y presentaciones en momentos específicos.
Ante estas consideraciones, el colegiado dispuso que Sada Goray afrontara la investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia con restricciones. Dicho mandato incluye reglas de conducta estrictas y un impedimento de salida del país por un período de 36 meses.
Caso Fondo Mi Vivienda
El proceso judicial contra Goray se enmarca en las investigaciones relacionadas con el Fondo Mi Vivienda, un caso que se desarrolló durante la administración del expresidente Pedro Castillo. Las acciones legales en su contra se originaron en sospechas de malversación y otros delitos económicos relacionados con la gestión y uso de los fondos destinados a programas de vivienda social.
El Ministerio Público reveló en 2023 detalles sobre el modus operandi de la presunta organización criminal liderada por la empresaria Sada Goray. Según las investigaciones, Goray habría desembolsado más de S/ 5′400,000 a Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, a través del periodista Mauricio Fernandini, así como al exministro Geiner Alvarado. Estos pagos habrían tenido como objetivo el nombramiento de personas en puestos clave, con la finalidad de que estas favorecieran ilícitamente a su empresa Marka Group.
Según la Fiscalía, era fundamental para la organización nombrar en cargos estratégicos del Fondo Mi Vivienda, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y la Superintendencia de Bienes Nacionales a personas de total confianza de Sada Goray. Un aspirante a colaborador eficaz brindó información determinante que confirma la forma en que se realizaban los nombramientos en estas entidades, con el objetivo de ponerlas al servicio de Marka Group.
El testigo relata un episodio particular después de que el directorio del Fondo Mi Vivienda nombrara a José Forero como gerente general de la institución. Según sus declaraciones, Goray organizó una reunión en su casa en Surco, a la cual asistieron Pedro Arroyo, Gonzalo Arrieta, José Carlos Forero, Ítalo Arbulú y Pilar Tijero (prima de Fernandini y de Pablo Arciniega). Durante esta reunión, se dibujó en una pizarra el organigrama del Fondo Mi Vivienda y Sada Goray decidía en ese momento si las personas se quedaban en el puesto o serían cesadas.
La Fiscalía sostuvo que el objetivo central de estos nombramientos era facilitar las condiciones para que Marka Group obtuviera beneficios ilícitos. Según fuentes cercanas a la investigación, los pagos sustanciales realizados por Goray serían solo la punta del iceberg de una serie de operaciones que incluyeron sobornos y negociaciones clandestinas, todas enfocadas en colocar a personas leales en posiciones desde donde pudieran influir en las decisiones administrativas y de adjudicación de contratos.
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