La Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional (PNP) arrestó este martes a Carlos Samaniego Castro (47), un trabajador del Poder Judicial acusado de exigir una coima de S/ 1,000 para agilizar un expediente en el Módulo de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar en El Tambo, Huancayo.
La denuncia fue presentada por una ciudadana que afirmó conocerlo desde hace 20 años. Según su testimonio, en mayo de este año, el abogado le pidió el dinero para ayudarla en un proceso de reivindicación que data del 2018 y realizó los trámites administrativos desde esa fecha.
Samaniego fue trasladado a la sede de la Policía Anticorrupción, donde afronta una orden de detención preliminar, dictada por la jueza July Baldeón Quispe, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializada en Corrupción de Funcionarios.
Simultáneamente, en otro operativo en septiembre de 2023, la PNP detuvo en un hostal de Tumbes a Lenin La Madrid, secretario del Juzgado de Familia, quien fue acusado de acosar sexualmente a una mujer a cambio de acelerar su proceso legal.
La víctima, que tenía una solicitud en proceso por la tenencia de su hijo, colaboró con los efectivos en un operativo sorpresa. El dispositivo móvil del implicado, que suplicaba que no se lo quitaran al momento del arresto, resultó clave en la pesquisa, ya que contiene chats que prueban su propuesta.
Según Arévalo, la colaboración entre los poderes del Estado es esencial. “El Poder Ejecutivo, en el aspecto presupuestal; el Legislativo emitiendo las normas legales que corresponden; y el Poder Judicial, juzgando con el debido proceso y sancionando severamente a las personas que incurran en estas conductas, es la forma de trabajar”, dijo a mediados del año pasado.
El juez supremo también subrayó la independencia y autonomía del Poder Judicial frente a otros poderes, sin que esto implique enfrentamientos, ya que todos forman parte de un solo Estado.
Hasta 2020, 334 magistrados peruanos, entre jueces (151) y fiscales (183), estaban involucrados en presuntos actos de corrupción a nivel nacional, de acuerdo con un informe de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos.
Las acusaciones incluyen el tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, con el objetivo de obtener beneficios económicos y favores políticos. La estructura de la organización permitía manipular decisiones judiciales y nombramientos.
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