La construcción de la Estación Central, parte de la Línea 2 del Metro de Lima, ha desencadenado una serie de conflictos entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), las empresas privadas encargadas de la obra, y diversos entes gubernamentales. La reciente disputa ha expuesto problemas de coordinación y comunicación entre las autoridades, afectando no solo el avance del proyecto sino también a cientos de negocios y la movilidad urbana en el centro de la ciudad.
La MML, encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, ha decidido tomar acciones legales contra los responsables de la construcción. Raúl Fernández, gerente de Asuntos Legales de la MML, explicó a Exitosa que las obras han interrumpido calles y obstaculizado una vía metropolitana sin autorización.
“Es una obra no autorizada”, enfatizó el letrado, quien calificó los trabajos como “abruptos” y señaló que se tomarán medidas administrativas y penales contra los representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la concesionaria Metrolima2, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).
El conflicto escaló cuando la municipalidad acusó a la concesionaria de una “irrupción violenta” al iniciar los trabajos el domingo, 7 de julio, sin las autorizaciones necesarias. Según Raúl Fernández, la comuna limeña había coordinado con la empresa encargada de la ejecución de la Estación Central para evaluar un plan de desvíos ofrecido, pero la constructora optó por proceder con la obra.
Por otro lado, la concesionaria Metrolima2 sostiene que ha seguido el plan de desvíos propuesto por la MML desde febrero y que la implementación estaba en proceso. A pesar de esto, Elvira Moscoso, gerente de Movilidad Urbana de la MML, indicó que la municipalidad mantiene su postura de que la obra es ilegal y que no se cuenta con la información técnica ni las garantías de seguridad vial necesarias para realizar desvíos y cierres de vías.
Posible judicialización del conflicto
Verónica Zambrano, presidenta de Ositran, comentó a Canal N que la concesionaria ha cumplido con el plan de desvíos proporcionado por la municipalidad y cuestionó las objeciones de esta última.
“La concesionaria del Metro de Lima tomó el plan de desvíos que la Municipalidad de Lima propuso. No habría ninguna razón para que la comuna observe su propio plan”, afirmó Zambrano, quien destacó que el proyecto está incluido en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad Sostenible, lo cual exime de algunos permisos municipales siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos.
La posibilidad de que esta disputa llegue a instancias judiciales ha sido mencionada, lo que implicaría un enfrentamiento entre la municipalidad y el gobierno central. Zambrano señaló que cada alcalde busca imponer sus reglas en un proyecto de alcance nacional, exacerbando la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
Impacto en la movilidad urbana
Mientras las disputas legales y administrativas continúan, la ATU ha reforzado la orientación a los usuarios de transporte público afectados por el plan de desvíos. Un equipo de 40 orientadores ha sido desplegado en las inmediaciones de las plazas Miguel Grau y Bolognesi en el Cercado de Lima para informar a peatones, conductores y usuarios de transporte público sobre las modificaciones en los recorridos de los buses de transporte regular y del corredor Morado debido a las obras en la Av. 9 de Diciembre (Paseo Colón).
Marybel Vidal, presidenta de la ATU, destacó la importancia del diálogo entre las autoridades y la empresa concesionaria para que el proyecto avance según lo planificado. “Nuestro personal de orientación está desplegado en diferentes puntos para informar sobre los planes de desvíos y también tenemos fiscalizadores que apoyarán a la Policía Nacional para agilizar el tránsito vehicular en la zona”, señaló. Además, mencionó que se ha notificado a las 33 rutas de transporte público regular para que modifiquen sus recorridos.
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