Piden a EE.UU. restringir visas a congresistas peruanos por socavar la democracia, como ocurrió en Guatemala, Nicaragua y Venezuela

La Coalición Ciudadana, integrada por más de 340 organizaciones a nivel nacional, ha solicitado a las instancias gubernamentales de Estados Unidos que revoquen las visas de todos los congresistas peruanos implicados en corrupción u otros delitos graves, “así como de aquellos que sistemáticamente aprueban normas que afectan el Estado de derecho y la democracia”.

En un pronunciamiento difundido este jueves a través de la plataforma Change.org, donde han iniciado una recolección de firmas, el colectivo subraya que esta medida ya ha sido empleada en otros países como Guatemala, Nicaragua y Venezuela, países en los que Washington ha sancionado a funcionarios involucrados en actos antidemocráticos.

En agosto de 2021, la administración estadounidense anunció la restricción de visas a 50 familiares directos de representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua, además de fiscales y jueces, acusados de obstaculizar el proceso electoral previsto para noviembre de ese año. En 2019, además, revocó las visas de altos militares del régimen chavista por su participación en “graves violaciones de los derechos humanos”.

En el caso peruano, Coalición Ciudadana destacó que el 91% de los ciudadanos rechazan el desempeño del Congreso, señalando que esta falta de legitimidad se debe a “una serie de actuaciones lamentables por parte de una mayoría de parlamentarios que se ha desentendido de la principal labor de representar y escuchar a la población”.

Además, los legisladores han aprobado reformas políticas y electorales como la reelección inmediata y la bicameralidad, ignorando el rechazo ciudadano expresado en el referéndum de 2018. También han eliminado movimientos regionales y locales, la paridad horizontal para mujeres en política y el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Estos actos, junto con escándalos de corrupción como los ‘Mochasueldos’ y ‘Los Niños’, así como privilegios injustificados, “han llevado a la ciudadanía a tomar acciones contra estos abusos de poder”.

Basándose en un informe de Ojo Público, la Coalición enfatiza que Estados Unidos es el principal destino extranjero de los parlamentarios peruanos. “Esta situación no solo significa un gasto millonario que se realiza con el dinero de todos los peruanos, sino que además es injustificado y no merece un sector mayoritario de congresistas que le dan la espalda a la ciudadanía y no rinden cuentas ante sus representados”, se lee en el pronunciamiento.

La norma quedó aprobada con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención en una sesión de la Comisión Permanente, que la puso como uno de los primeros temas de debate. El proyecto de Fuerza Popular y Renovación Popular, en parte compuesto por exjefes de las Fuerzas Armadas, busca impedir que se procese a personas por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país.