El último jueves, 27 de junio, se llevó a cabo una audiencia importante en materia de justicia indígena.
El Juzgado de El Estrecho, en la provincia de Putumayo, Loreto, las comunidades nativas Secoya Mashunta, San Martín de Porres y Vencedor-Wajoya presentaron una demanda de amparo constitucional para exigir la titulación integral de su territorio ancestral, demanda inicialmente interpuesta en 2021 contra el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el Gobierno Regional de Loreto.
Las comunidades están pidiendo el reconocimiento de la propiedad de unas 120 mil 000 hectáreas, actualmente catalogadas como de “aptitud forestal” bajo la figura de “cesión en uso”.
De acuerdo al análisis del Instituto de Defensa Legal (IDL), esto quiere decir que el Estado peruano “presta” a las comunidades sus propias tierras ancestrales, vulnerando sus derechos establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
¿Qué busca la demanda exactamente?
En concreto, la demanda busca eliminar la cesión en uso y que se reconozca la totalidad del territorio como propiedad de las comunidades nativas.
Sin embargo, hasta ahora, jueces de primera instancia se han negado a pronunciarse sobre el caso por cuestiones formales, lo que ha obligado a las comunidades a llevar el caso a la Corte de Justicia de Loreto, donde el Juez Hunter Ruiz Núñez deberá emitir una sentencia definitiva tras la reciente audiencia.
Mientras tanto, el proceso judicial está llevando a las comunidades a realizar gastos económicos considerables, incluyendo viajes repetidos a Iquitos y El Estrecho (Putumayo) para audiencias judiciales que en muchas ocasiones han sido suspendidas, lo cual agrava la situación de vulneración de sus derechos, sostiene IDL.
¿El caso puede sentar un precedente?
El caso de los Secoya podría sentar un precedente para otras comunidades indígenas en el país enfrentando situaciones similares. Esto debido a que no solo trata de derechos sobre la tierra, sino también de la supervivencia cultural y física de los pueblos originarios en la región amazónica.
Ante ello, se espera que el Juez Ruiz Núñez tome en cuenta todos estos factores y emita una sentencia que pueda restaurar los derechos de las comunidades Secoya, reconociendo la inconstitucionalidad de la figura de “cesión en uso”.
Más de una comunidad en Perú exigen titulación de sus tierras
En paralelo, existen otros casos en el Perú sobre comunidades indígenas que demandan también el reconocimiento de sus tierras. Entre ellas está la comunidad nativa de Unipacuyacu del pueblo kakataibo, en Huánuco, quienes han presentado una demanda contra la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco (DRAH), exigiendo la finalización el proceso de titulación de su territorio.
Esta fue interpuesta el 10 de abril y busca que el Poder Judicial obligue a la DRAH a entregar un título de propiedad colectivo, necesario para su reconocimiento y protección.
La comunidad lleva más de tres décadas solicitando la titulación de sus tierras, mientras enfrenta invasiones y actividades ilegales como la minería, tala y narcotráfico. Esta situación ha resultado en que controlen solo 4 de las 22 mil 946 hectáreas de su territorio original.
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