
La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Unidad de Seguridad del Estado (USEG) de la Región Policial Piura, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones, procedió a la expulsión de 10 ciudadanos extranjeros por infringir la Ley de Migraciones del país en la madrugada de este viernes 21 de junio.
Los involucrados, todos de nacionalidad venezolana, comprenden a ocho hombres y dos mujeres cuyas edades oscilan entre los 20 y 54 años. Según el reporte, estos ciudadanos fueron detenidos por actividades que violaban las leyes migratorias, lo cual derivó en un proceso administrativo que culminó en la orden de expulsión.
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Los detenidos fueron trasladados hasta el Puente Internacional Alamor, en el distrito de Lancones, provincia de Sullana, en la frontera de Perú con Ecuador.
Esta acción, puntualizaron las autoridades policiales, es parte de la ejecución de las resoluciones de expulsión y el impedimento de ingreso al territorio nacional por los próximos 15 años, emitidas por la Jefatura de la Oficina de Migraciones Zonal Piura.

El operativo subraya la importancia de mantener control sobre el flujo migratorio en la región, especialmente ante el aumento de infracciones relacionadas con la permanencia irregular.
El decreto legislativo nº 1350, conocido como la Ley de Migraciones y su Reglamento, establece claramente los parámetros y procedimientos para la permanencia legal en el país.
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Este marco legal regula no solo el ingreso y salida del territorio peruano de personas nacionales y extranjeras, sino también la permanencia, residencia y diversas categorías migratorias en Perú. De la misma forma, estipula procedimientos administrativo y la emisión de documentos de viaje.
Al respeceto, la Región Policial de Piura afirmó que estas acciones buscan garantizar un control riguroso sobre el ingreso, permanencia y salida de ciudadanos de otros países.

Extranjeros expulsados
En una conferencia de prensa en octubre pasado, Eduardo Arana, ministro de Justicia, señaló que quienes intenten reingresar al país tras ser expulsados por cometer delitos o a través de procedimientos administrativos de Migraciones enfrentarán sanciones, incluyendo el encarcelamiento.
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Asimismo, el titular del Minjus destacó que este tema ha sido identificado y examinado detenidamente, y se ha propuesto una solución legal: aquellos que intenten regresar con la intención de cometer un delito serán susceptibles de penas de prisión.

Cabe destacar que, durante 2023, la Superintendencia Nacional de Migraciones reportó que se negó el ingreso a 2.170 extranjeros a través de controles en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, principal punto de control migratorio en Perú.
De este total, 455 personas fueron sometidas a exámenes exhaustivos en el control secundario, al ser consideradas posibles amenazas según las evaluaciones realizadas en el centro de operaciones del Sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS).
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A través de un comunicado, la entidad subrayó que el propósito de este mecanismo es asegurar la evaluación de amenazas a la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento estricto de las normas migratorias.
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