María Caruajulca denuncia que Javier Pacheco formateó la computadora asignada al procurador general

“Todo lo que se trabaja en la máquina de la PGE es propiedad del Estado. No puede ser eliminado”, sostuvo la procuradora general. Denunció el hecho ante la Comisaría de San Isidro

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Procuradora Caruajulca se pronuncia sobre el formateo de la computadora de Javier Pacheco | Canal N

La procuradora general del Estado, María Caruajulca, denunció que el exprocurador general Javier Pacheco ordenó formatear la computadora asignada al titular de la PGE cuando este último ya había renunciado al cargo.

“Cuando llego el 24 de mayo se procede a acreditar en la computadora asignada a la presidencia mis credenciales para empezar a firmar y a ingresar al registro de trámite documentario. Me informan que no lo podían hacer porque la máquina estaba formateada. Yo pregunto quién la formateo. Mandan a llamar a la persona que lo formateó. Era un joven. Le digo: ‘Me puedes explicar por qué la formateaste’. Y me informó que había sido por orden directa del doctor Javier Pacheco cuando ya no era procurador”, declaró Caruajulca a la prensa en los exteriores de la Fiscalía de la Nación.

Efectivamente, el Gobierno, tras dos semanas de intentar no acatar la resolución del Poder Judicial, restituyó a Caruajulca en el cargo de procuradora general del Estado a través de la resolución suprema 099-2024-JUS del 24 de mayo. Un día antes, Pacheco presentó su dimisión para “mantener mi prestigio y buen nombre como funcionario y servidor público por más de veinte años”.

La titular de la PGE denunció el formateo irregular ante la Comisaría de San Isidro y dispuso aislar el equipo “para efectos de cuando la Fiscalía lo considere bien pueda hacer los peritajes que correspondan”.

“Todo lo que se trabaja en la máquina de la PGE, dentro del horario de trabajo, recibimos una remuneración, es propiedad del Estado. No puede ser eliminado. Tampoco puede ser formateado sin ningún backup”, reclamó.

Martín Vizcarra

En otro punto, se le consultó a la procuradora general María Carujulca su posición respecto al amparo del expresidente Martín Vizcarra para anular la inhabilitación de 5 años que le impuso el Congreso de la República. Al respecto, optó por no hacer comentario alguno.

La semana pasada, la Procuraduría General del Estado pidió la reapertura del caso contra el expresidente Martín Vizcarra en relación con la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas de COVID-19, según informaron en un comunicado en redes sociales el 21 de junio de 2024. La PGE argumenta que existen nueve nuevos elementos que convicción que justifican un reexamen de las actuaciones previas.

La solicitud se realizó días después de que el fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena, anunciara que la investigación inicial contra Vizcarra había sido archivada por falta de pruebas concluyentes sobre la comisión del delito de colusión. Villena, en declaraciones a RPP, afirmó que no se encontraron indicios suficientes que demuestren un “acuerdo subrepticio” entre funcionarios públicos y las empresas proveedoras.

En su comunicado oficial, la PGE insistió en la necesidad de que se vuelva a investigar a Vizcarra y a otros exministros involucrados en la decisión de compra, reiterando las acusaciones de colusión y negociación incompatible. La procuradora Katherine Ampuero expresó su descontento con la decisión de archivar el caso, considerando que se pasan por alto las pérdidas humanas y económicas que, según ella, favorecieron a empresas chinas.

Comunicado publicado en redes sociales por la Procuraduría. | PGE
Comunicado publicado en redes sociales por la Procuraduría. | PGE

Por su parte, el expresidente Martín Vizcarra celebró la decisión de archivar la investigación original, sosteniendo que actuó con transparencia y conforme a la ley durante su mandato. A través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), Vizcarra afirmó que se discutieron temas críticos relacionados con la oferta limitada de insumos en el mercado durante una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas, y reafirmó que no hubo delito en sus acciones.

El Congreso había aprobado un informe en febrero de 2023 que recomendaba acusar constitucionalmente a Vizcarra y a las exministras María Antonieta AlvaElizabeth Hinostroza y Elizabeth Astete por interferir en políticas de salud prioritarias durante la pandemia.

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