El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte restituyó a la abogada María Caruajulca como procuradora general del Estado “en estricto cumplimiento” a la medida cautelar emitida por el Poder Judicial a favor de la referida letrada.
La restitución, mientras se resuelve el proceso de amparo, se oficializó a través de la resolución suprema 099-2024-JUS, suscrita por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Justicia, Eduardo Arana.
La medida cautelar fue emitida el 13 de mayo. En dicha decisión, la Primera Sala en lo Constitucional de Lima se le dio un plazo de 3 días al Despacho Presidencial y al Ministerio de Justicia para ejecutar la medida cautelar. Sin embargo, el Ejecutivo no acató y presentó recursos para justificar el incumplimiento.
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El colegiado rechazó los referidos recursos y reiteró que la medida cautelar tenía que cumplirse bajo advertencia de comunicar del desacato a la Fiscalía Penal de turno del distrito fiscal.
Luego de que estos recursos no prosperaran, el último jueves, Javier Pacheco presentó su renuncia al cargo de procurador general del Estado para mantener su “prestigio y buen nombre como funcionario y servidor público”. La dimisión fue aceptada por el ministro Eduardo Arana en horas de la tarde.
La salida de Javier Pacheco
Javier Pacheco presentó su renuncia ante la controversia que generó la reposición provisional ordenada por el Poder Judicial a favor de María Caruajulca.
En la carta dirigida al ministro Eduardo Arana, Pacheco cuestiona la decisión judicial, alegando que afecta sus derechos laborales. Además, afirma que no recurrirá al Poder Judicial para regresar al cargo y “cortar ese círculo vicioso”.
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Según Pacheco, con su renuncia busca “dotar de estabilidad y continuidad jurídica a esta Institución que debe estar por encima de los intereses personales o de grupo”.
Añadió que la Procuraduría General del Estado necesita que se garantice su institucionalidad “a efectos de que pueda cumplir sus fines constitucionales en beneficio de todos los peruanos”.
De esta manera, Pacheco queda fuera de la Procuraduría General del Estado ya que, antes de ser designado oficialmente en dicho cargo, renunció al cargo de procurador público adjunto Especializado en Delitos de Corrupción y procurador público Ad Hoc para la ampliación de la extradición del exdictador Alberto Fujimori desde Chile.
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