Alberto Fujimori se inscribió a Fuerza Popular: las posibilidades que tiene de ser candidato en las Elecciones 2026

Alberto Fujimori formalizó su inscripción a Fuerza Popular. La noticia generó suspicacias sobre una posible candidatura presidencial con miras a las Elecciones 2026, la cual no fue descartada por el vocero de la bancada, Miguel Torres. Sin embargo, ello también generó dudas sobre si el exmandatario condenado a 25 años de prisión estaría habilitado de hacerlo. Consultados por Infobae Perú, los abogados Andy Carrión, Hugo Mendoza y la politóloga Leonor Suárez dieron sus puntos de vista.

Los letrados coincidieron que tendría un obstáculo de acuerdo al artículo 107 de la Ley 30717, el cual menciona que no pueden aspirar a la presidencia o vicepresidencias aquellas personas que, como funcionarios, hayan sido condenadas por delitos dolosos con sentencia firme, ya sea con pena efectiva o suspendida. No obstante, ello no sería totalmente excluyente.

Destacaron que Fujimori Fujimori adeuda el pago de 57 millones de soles por reparación civil, lo cual es requisito para la rehabilitación. En ese sentido, de pagarla, podría considerarse como tal. Además, que ninguna norma de rango inferior puede primar sobre la Constitución. “El artículo 110 de la carta magna establece solo tres requisitos para poder postular a la presidencia de la república: ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio”, recordó Mendoza

Sobre el artículo 34-A de la carta magna, el cual establece que “están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”, hubo opiniones encontradas.

Mientras Suárez y Mendoza opinaron que tampoco aplicaría, ya que fue promulgado en setiembre del 2020 y las normas no son retroactivas, Carrión indicó que sí. No obstante, ello podría cambiar al aprobarse el dictamen formulado por la Comisión de Constitución del Congreso, liderado por la fujimorista Martha Moyano.

El penalista y docente de la EPG Continental declaró que, si bien el proyecto de ley tiene determinados destinatarios para que no puedan postular, como sería el caso de Antauro Humala; de excluir los delitos que se le imputan a Fujimori Fujimori y se rehabilita, “en rigor sí podría postular a un cargo de gestión pública”.

Comisión de Constitución elimina delitos de Alberto Fujimori

Con 90 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución retornó al grupo de trabajo al modificar la propuesta inicial, que albergaba 13 delitos, y reducirla a cinco: terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín. De esta manera, se le calificó como ‘Ley Antauro’, pues impedía su postulación, pero dejaba la puerta abierta para el líder fujimorista.

“Alberto Fujimori ha sido condenado por asesinato, secuestro agravado y usurpación de funciones, delitos que no están en ese proyecto de ley; por lo que, de aprobarse, sí podría postular a un cargo de función pública, al menos como lo están formulando los congresistas”, sostuvo Carrión.

¿Por qué delitos está sentenciado Alberto Fujimori?

Ojo Público hizo un recuento de las condenas de Alberto Fujimori por delitos de corrupción de funcionarios y contra los derechos humanos:

• Sentencia a seis años de pena privativa de la libertad por el delito de usurpación de funciones en agravio del Estado en el caso del allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos.
• Sentencia a 25 años de pena privativa de la libertad por los delitos de secuestro agravado, asesinato y lesiones graves por el caso de Barrios Altos y la Cantuta.
• Sentencia a seis años y siete meses de cárcel por los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica en agravio del Estado, por el pago de USD 15′000.000 de CTS a Vladimiro Montesinos.
• Sentencia a seis años de cárcel por los delitos de peculado doloso, cohecho activo genérico e interferencia o escucha telefónica, en el caso del pago a congresistas tránsfugas y por la compra de líneas editoriales.