
Debido al avance de la delincuencia en La Libertad, el Gobierno de Dina Boluarte decidió declarar las provincias de Trujillo y Pataz en emergencia por 60 días en febrero. La misma decisión se tomó en abril por 60 días más. En junio ya se tomó la decisión de extender el plazo por segunda vez, ahora por 30 días. Con esto serán dos prórrogas, tres estados de emergencia seguidos y alrededor de 150 días acumulados con esta condición en ambas localidades.
En el último par de meses en Trujillo se reportó una gran actividad de extorsionadores que utilizan explosivos y atacan directamente incluso a colegios de educación primaria en Trujillo y en particular en zonas como El Porvenir y La Esperanza, todo esto pese a que la provincia se encuentra en estado de emergencia y se han realizado mayores esfuerzos para luchar contra la criminalidad.
Según el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, la decisión de extender el periodo de emergencia tanto en Trujillo como en Pataz corresponde a la necesidad de combatir delitos graves como el crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas.
La medida excepcional entró en vigencia desde el 13 de junio para Trujillo y Pataz respectivamente. También se incluyó en este nuevo periodo a la zona del Putumayo (Loreto), pues el Gobierno ha observado la presencia y actividad de bandas criminales, así como en la triple frontera con Ecuador y Colombia.
Alcalde de Trujillo teme retorno de la criminalidad al final del estado de emergencia
En una entrevista exclusiva con Infobae Perú en abril, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, indicó que teme que la criminalidad en la provincia retorne una vez que se acabe el primer estado de emergencia. “Es muy probable que una vez que termine el estado de emergencia, si no se hace un trabajo sostenido, va a volver ‘la hinchazón’ (en referencia a la delincuencia)”, indicó.
Si bien inicialmente se mostró en contra de la medida de fuerza tomada por el Ejecutivo, indicando que “es más de lo mismo” -pues Trujillo ya había estado antes por varios meses en un estado similar en 2023- sí indicó que el estado de emergencia ha tenido resultados.

Sin embargo, con 150 días en estas condiciones y cinco meses seguidos en estado de emergencia, las consecuencias de esta decisión no solo se ven a nivel de seguridad, sino que también hay una respuesta a nivel económico. En su momento, durante el mes de abril, Trujillo reportó pérdidas por más de 7 millones de soles únicamente durante el primer estado de emergencia.
Según declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Alfonso Medrano, el sector más afectado por la decisión adoptada por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte es el turismo, que es considerado como uno de los pilares económicos de la región por detrás de la minería y la agroexportación.
Según el artículo del diario Gestión, la propuesta de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) es que se anule el toque de queda. “Esto va a permitir una inyección adicional de 100 mil soles diarios, aproximadamente. La PNP anuncia que habrá importantes capturas. Tal vez en estos 60 días, con los cambios correctos, se combata la delincuencia y se reactive el turismo”, afirmó.

Varios meses después de estas declaraciones y ya dentro del quinto mes de estado de emergencia en la región, es altamente probable que se repita un escenario como el del año 2023, cuando las provincias de La Libertad acumularon un periodo ininterrumpido de 14 meses en estado de emergencia sin una aparente solución que permita resolver los problemas de inseguridad ciudadana en estos territorios.
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