La modificación del Decreto Legislativo Nº 1280 podría permitir la injerencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la fijación de tarifas de agua potable. No obstante, la titular de esta cartera, Hania Pérez de Cuéllar, descartó que exista un incremento en el recibo de este servicio.
En comunicación con el diario Gestión, el presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Mauro Gutiérrez, alertó que se podría aumentar en un 100% más la tarifa, mientras que en regiones sería hasta siete veces más.
No obstante, manifestó que de acuerdo a esa evaluación se conocerá si habrá un aumento en la tarifa que entraría en vigor dentro de dos años.
“Así que no hay ningún tarifazo del agua. Habría que preguntarle al que lanzó ese temor y ha reavivado un monstruo que no existe”, agregó. En otro momento, calificó el sustento del organismo regulador como “poco técnicas y temerarias” para “revivir un fantasma que ya estaba muerto”.
Julio César de la Rocha, gerente general de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), calificó como “alarmista” las declaraciones del representante de Sunass. Además, enfatizó que ninguna empresa prestadora de servicios puede incrementar las tarifas, debido a que no tienen competencia.
Sunass respondió a ministra
El presidente de Sunass señaló que el cálculo que se desarrolló consideran “una modificación de metodología”. Además, sostuvo que emitieron un informe al sector de vivienda sobre los impactos que se tendría al aplicarse este enfoque.
No obstante, la ministra mencionó que la evaluación de un incremento de la tarifa se debe a la diferencia entre los grupos socioeconómicos y no por una mejora en la cobertura para todos los ciudadanos.
Gutiérrez señaló que cuando se promulgó el decreto que los incrementos tarifarios se iban a desarrollar “sin condicionamiento”. Es decir, no es necesario presentar una justificación para el aumento.
En otro momento, asumió que es la entidad de decidir el incremento, pero cuando ya se tiene una normativa y de acuerdo con los procesos, tendría que acatarlo.
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