En una reciente declaración, el Consejo de Ministros, presidido por Gustavo Adrianzén, propuso la creación de un nuevo Regulador Multisectorial que fusionaría a los actuales organismos reguladores: Ositran, Sunass, Osiptel y Osinergmin.
Esta propuesta, según los reguladores, surge de una solicitud contradictoria del Poder Ejecutivo que inicialmente pedía la delegación de facultades para crear mecanismos de coordinación entre los organismos, pero terminó proponiendo su unificación sin presentar y difundir el estudio correspondiente que sustente dicha medida.
En respuesta a esta iniciativa, los cuatro organismos reguladores destacaron la naturaleza altamente especializada de sus labores en sectores como infraestructura de transporte, servicios de saneamiento, telecomunicaciones, energía y minería, por lo que, a través de un comunicado, explicaron que una fusión de estos sin un análisis profundo podría provocar perjuicios serios para la economía nacional debido a la falta de especialización y enviar señales negativas a los inversionistas.
Además, los reguladores alertaron sobre el riesgo de que las decisiones regulatorias pierdan su especialización técnica al estar más propensas a la influencia política. “Esto podría derivar en la imposición de tarifas arbitrarias, afectando tanto el bienestar de los consumidores como los incentivos para seguir operando e invirtiendo en mejorar los servicios”, alertaron.
En esa línea, enfatizaron que su modelo, con más de 30 años de existencia, ha evolucionado constantemente en busca de la mejora continua y que trabajan para convertirse en organismos de clase mundial.
Hubo propuestas anteriores
Las entidades recordaron que no es la primera vez que se propone la unificación de los reguladores, pero tras análisis exhaustivos, siempre se determinó que dicha decisión no era adecuada para los fines del Estado. Destacaron sus esfuerzos en evaluaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que subraya la importancia de sus roles en el desarrollo económico y resaltó los beneficios de la especialización técnica.
Los organismos reguladores citaron también al Tribunal Constitucional del Perú que en diversas oportunidades ha valorado su labor, destacando su papel fundamental en el suministro del marco regulador necesario para promover nuevas inversiones y el bienestar de los usuarios de los servicios públicos supervisados.
“Precisamente, la autonomía de los organismos reguladores y su carácter técnico especializado resulta una garantía para evitar interferencia política o de grupos de interés, pues sus políticas están orientadas a la búsqueda de un equilibrio en el mercado y del bien común”, añaden.
Por otra parte, los reguladores consideraron que, dado el impacto económico de esta medida, debería ser resultado de un debate técnico y análisis público respaldado.
Finalmente, los organismos manifestaron su disposición para implementar mejoras y fortalecer las instituciones del Estado, pero afirmaron que es “crucial mantener la autonomía, independencia y especialización de las entidades reguladoras para asegurar que las decisiones no estén sujetas a presiones de actores con intereses particulares”.
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