Detienen a dos exfuncionarios del Gobierno Regional de Lambayeque por pedir supuesto soborno

En la madrugada del lunes 27 de mayo, un megaoperativo denominado ‘Conquistadores’ llevado a cabo bajo la dirección del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque y con la colaboración de la Policía Anticorrupción, resultó en la detención de dos exfuncionarios del Gobierno Regional de dicha ciudad. Virnel Bonifacio Serna Guerrero y Freddy Ramos García son investigados por el delito de cohecho pasivo propio y permanecerán en custodia por 72 horas.

La operación, que se realizó en coordinación con el Ministerio Público, fue provocada por una denuncia del ingeniero Elmer Rivas. Según se informó, hubo allanamientos en inmuebles situados en tres ciudades: Lima, Chiclayo y Trujillo, donde se incautaron más de 20 mil soles, 6.400 dólares, y varios dispositivos electrónicos.

En el desarrollo del operativo, también se allanaron las propiedades de Wladimir Pantoja Ipanaqué y Enrique Ernesto Díaz Alcalde, investigados por su presunta participación en la ejecución y supervisión de la obra “Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Primaria y Secundaria de la I.E N.º 10081 - Centro Poblado Canchachala”, en el distrito de Incahuasi, en la ciudad de Ferreñafe.

De acuerdo con el general Luis Alberto Lira, jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), la inteligencia policial logró localizar a los detenidos, uno en La Victoria y otro en Los Olivos. Posteriormente, en las próximas horas, todos los involucrados serán trasladados a Chiclayo.

La investigación revela que, a mediados de agosto de 2023, los investigados, entonces funcionarios como Gerente de Infraestructura y Director de Liquidación y Supervisión del Gobierno Regional de Lambayeque, presuntamente solicitaron sobornos a Wladimir Pantoja Ipanaqué y Enrique Díaz Alcalde. Los montos consistían en 15 mil soles, un teléfono móvil de alta gama, y una suma mensual de cinco mil soles, a cambio de no imponer penalidades de 30 mil soles y agilizar los pagos de las valorizaciones de la obra.

Según LP, la investigación se centra en el delito de cohecho pasivo propio, que implica la corrupción de un funcionario público a cambio de beneficios personales. Este tipo de corrupción representa una desviación del deber funcional, donde el funcionario utiliza sus atribuciones y facultades decisorias en favor de un interés particular, en lugar de velar por el interés público.

En este caso, el delito reprocha la “venta” de la función pública, donde se identifica una acción bilateral: la propuesta del soborno y la aceptación del funcionario. El cohecho pasivo propio ocurre cuando un funcionario público acepta o recibe donativos, promesas, ventajas o beneficios para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones.

La modalidad de aceptar implica la aprobación de una oferta futura de una dádiva, sin necesidad de que se realice la entrega inmediata. En cambio, la modalidad de recibir implica la admisión efectiva de la dádiva, donde el elemento corruptor ingresa a la esfera del funcionario corrompido. También se sanciona a los funcionarios que solicitan beneficios como consecuencia de haber faltado a su deber funcional, configurando el delito de cohecho pasivo propio.